El presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores aliados acordaron impulsar de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo la acusación de “mal desempeño de sus funciones” y “manifiesta parcialidad” a la hora de dictar fallos.
“El Presidente de la Nación y los gobernadores abajo firmantes decidieron impulsar el juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”, precisó ayer el Ejecutivo en un comunicado.
El texto oficial que se comunicó luego del encuentro que encabezó Fernández en la Casa Rosada junto a ocho mandatarios provinciales y dos vicegobernadores, también solicita que “se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti” por “algunos hechos con distintos grados de responsabilidad”.
De la reunión participaron los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). También asistieron de manera presencial los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca), a pesar de que los mandatarios provinciales Raúl Jalil y Alicia Kirchner se sumaron de manera virtual. El comunicado también sumó el apoyo de los gobernadores Mariano Arcioni (Chubut).
La decisión de la Casa Rosada surge luego de rechazar la medida cautelar dictada por el máximo tribunal en favor de la ciudad de Buenos Aires en torno a un diferendo por los fondos destinados al traspaso de la Policía a la órbita porteña. Pero cobró fuerza a partir de la filtración de supuestas conversaciones obtenidas a partir de hackeos y, según la oposición, espionaje ilegal, que pusieron bajo la lupa a Juntos por el Cambio y a miembros de la Justicia. En concreto, desde hace días se están filtrando conversaciones entre el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro y distintos operadores judiciales y empresarios, entre ellos Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, lo que ayer le valió un pedido de licencia al funcionario de la administración de Larreta.
Poco después de la reunión se dio a conocer el texto del mensaje que el Poder Ejecutivo enviará a la diputada Ana Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados del Congreso, en el que se solicita la apertura del procedimiento de juzgamiento.
En el mensaje se encuadra el pedido de juicio político a Rosatti y se rechaza expresiones del juez de que la legislación organizativa del Poder Judicial “deben necesariamente recabar el previo visto bueno de la Corte”, entre otros aspectos.
Destaca que “la pretensión de actuar como una suerte de órgano co-legislador, genera una disrupción en la arquitectura institucional de la República”, y que el máximo tribunal del país ha adoptado decisiones “extralimitando sus funciones constitucionales de modo inadmisible”.
En cuanto a los “hechos de distintos grado de responsabilidad” de los restantes miembros de la Corte, se enumeran los “atropellos al Consejo de la Magistratura”, el “escandaloso” fallo en la demanda de la Ciudad de Buenos Aires, contra el gobierno nacional por los fondos de coparticipación, y los chats del principal colaborador de Rosatti, Sergio Robles con funcionarios de la Caba, entre otros.
Fernández apura las extraordinarias
Con el fin principal de impulsar el juicio político a los miembros de la Corte Suprema, el Gobierno nacional se aboca ahora en terminar de delinear el temario que mandará a las sesiones extraordinarias al Congreso, que tendrá como capítulos fundamentales el judicial y el económico. El pedido formal al Parlamento podría concretarse esta semana, anticiparon fuentes oficiales.
Por ahora, en Casa Rosada son reticentes a dar detalles de los proyectos de ley que incluirán en el pedido extraordinario y más aún sobre sus eventuales posibilidades de éxito, en medio de una relación cada vez más tensa con la oposición, agravada en los últimos días por la búsqueda del oficialismo de avanzar contra los cuatro cortesanos, algo que Juntos por el Cambio ya adelantó que no avalará.
D’ Alessandro pidió licencia tras el escándalo de los chats
Finalmente el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, decidió dar un paso al costado en la gestión, al anunciar ayer en una conferencia de prensa que se tomará una licencia temporal a los efectos de ordenar la situación actual y preparar su defensa legal.
Al funcionario se lo investiga por un viaje al sur del país con jueces y ejecutivos de medios, al igual que un presunto intercambio de chats con un estrecho colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
“Necesito tomarme una licencia temporal, ordenar mis cosas familiares, preparar la defensa para demostrar la falsedad de las operaciones infames a las que pretenden someternos”, dijo en la víspera D’Alessandro. Al tiempo que culpó por las conversaciones filtradas a “grupos de tareas que realizan inteligencia sobre las personas donde violan la intimidad”, para “después montar situaciones que no son reales”.
El ministro a cargo de la Seguridad en el distrito porteño ya se encontraba en el medio del escándalo por el viaje a Lago Escondido, que hizo junto a jueces federales y directivos del Grupo Clarín, y que él mismo negó hasta que se conocieron fotos de la comitiva en el aeropuerto de Bariloche.
Sobre el pedido de licencia de D’Alessandro se refirió en la víspera el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien ratificó el apoyo político a su ministro, al que considera una “víctima” de una “operación de espionaje ilegal” del kirchnerismo, que busca “distraer la atención de los temas importantes”.