En medio de una tensa jornada legislativa en el Congreso de la Nación, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presentó una alternativa técnica para evitar la eliminación del subsidio por «Zona Fría» en el territorio provincial. La principal preocupación del Gobierno cordobés radica en que la quita masiva del beneficio afectará de forma directa la economía de la clase media y de los sectores trabajadores.
Durante una entrevista concedida a Canal 12, emitida en vivo mientras la Cámara de Diputados sesionaba, el mandatario provincial coincidió en que los hogares de mayores recursos económicos deben quedar excluidos de esta asistencia estatal. Sin embargo, objetó con dureza la metodología de re-empadronamiento que pretende implementar la administración central.
El peligro de las barreras digitales
Para el titular del Ejecutivo cordobés, obligar a toda la población a inscribirse nuevamente desde cero constituye una complicación administrativa innecesaria. El gobernador advirtió que la falta de conectividad y la brecha digital jugarán en contra de los vecinos de los barrios más postergados, quienes terminarán pagando tarifa plena por no poder realizar el trámite en tiempo y forma.
En ese sentido, Llaryora trazó un paralelismo con situaciones similares ocurridas en el pasado. Al respecto, sentenció: «Sería como lo de los discapacitados… ahora ya no sería un error porque ahora ya sería un acto claramente este con dolo, con intención de este perjudicar a casi 2 millones de cordobeses».
A su vez, el mandatario profundizó sobre el impacto de esta exigencia en los sectores populares y la clase media trabajadora. «Saco a todos y después inscribo porque después no se inscribe después la gente tiene que inscribir… ¿qué está diciendo? Vamos a dejar todo Córdoba 600.000… en los barrios en donde no tenés este computador, no ten acceso a internet», alertó con preocupación.
Cruzamiento de datos como solución inmediata
Como contrapropuesta a la eliminación generalizada del beneficio, la administración provincial sostiene que el Estado Nacional ya cuenta con las herramientas informáticas necesarias para depurar los padrones de manera automática. De esta forma, se protegería a los sectores vulnerables sin necesidad de someterlos a gestiones burocráticas complejas.
Por este motivo, el jefe provincial reclamó de manera directa que se utilicen los registros fiscales preexistentes. «Estoy totalmente de acuerdo que hagan la modificación pertinente y saquen a todas las personas de altos ingresos de zona fría… No saquen a Córdoba de zona fría y directamente como tenés toda la base de datos en el ARCA, desplazá de ese padrón a los que son de altos ingresos. Punto», enfatizó.
Un impacto millonario para la provincia
Por último, cabe destacar que la postura del Gobierno de Córdoba se fundamenta en el severo impacto económico que representaría la caída de este régimen tarifario diferenciado. Según las estimaciones oficiales, la pérdida del beneficio se traduciría en una transferencia masiva de recursos desde las familias cordobesas hacia el Estado Nacional.
Efectivamente, de prosperar la derogación tal como está planteada en el Congreso, el incremento en las boletas de gas natural oscilará entre el 30% y el 50% para unos 600.000 hogares. En términos macroeconómicos, esta medida significaría un drenaje de aproximadamente 12.000 millones de pesos que dejarán de circular en la economía de la provincia.
