La reforma laboral estanca las negociaciones por la Ley Bases

El oficialismo comenzará a tratar ambas iniciativas sin acuerdo total con los “dialoguistas”

La reforma laboral estanca las negociaciones por la Ley Bases

Miguel Ángel Pichetto adelantó que no votará el capítulo laboral de la nueva Ley Bases.

Las negociaciones entre el oficialismo y la oposición “dialoguista” por la Ley ómnibus en la Cámara de Diputados se complicaron en las últimas horas por los reclamos cruzados del radicalismo, el PRO y el bloque de Hacemos Coalición Federal (HCF) en torno a la reforma laboral y su incorporación o no a la iniciativa madre, aunque a última hora de ayer arribaron a un acuerdo para darle dictamen.

Después de un día de fuertes tensiones por la reforma laboral, que pusieron en duda el avance de toda la Ley Bases, el oficialismo presentó a última hora de ayer una contrapropuesta acotada y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó al plenario de comisiones para dictaminar el proyecto hoy desde las 12. Los bloques quedaron en estudiar el nuevo texto y la letra chica terminaría de definirse en el recinto, lo que puede augurar nuevos conflictos.

La propuesta inicial, con más de 60 artículos, replicaba casi en su totalidad el DNU 70/2023 de Javier Milei sobre el tema e incluso agregaba la propuesta radical de eliminar la cuota sindical obligatoria, clave para el financiamiento de los gremios. Este fue uno de los puntos en conflicto, ya que el presidente de HCF, Miguel Angel Pichetto, salió en defensa de los sindicatos y anunció que no acompañaría la iniciativa, que había sido modificada sin consultar a los bloques.

“El domingo por la noche aparece un nuevo texto de la Ley Bases donde incorporan una reforma laboral de 60 artículos (…) y no, eso no lo voy a votar. Eso nunca estuvo en el diálogo”, dijo Pichetto, quien apuntó a “el señor (secretario de Trabajo, Julio) Cordero, que responde también a una gran corporación argentina beneficiada por este Gobierno, cree que somos amateurs. Y no somos amateurs, somos gente responsables que trata de colaborar”.

La referencia era al llamado “señor del tabaco”, Pablo Otero (dueño de Tabacalera Sarandí), que fue beneficiado por los libertarios al quitar del proyecto la reincorporación de los impuestos internos al tabaco, algo defendido por el PRO. Ante la posición de Pichetto -que conduce una bancada de 23 legisladores- el oficialismo empezó a barajar la idea de sacar la reforma del proyecto y que se discuta aparte, pero la UCR y el PRO se pusieron en alerta. “Es un compromiso que el Gobierno asumió con nosotros. Es la reforma más importante y relevante. No vamos a aprobar la ley bases si no está la reforma laboral”, aclaró un alto dirigente radical.

Finalmente, en busca de una reforma laboral “posible”, el Ejecutivo ahora va por una versión intermedia con 15 puntos sobre los que hay mayor consenso. Entre esos puntos, están los tres que aceptaba el bloque de Pichetto y que proponía el PRO en su texto: la extensión del periodo de prueba (a 6 meses u 8 meses), la creación de un “régimen de cese laboral” optativo por convenio colectivo para reemplazar las indemnizaciones y la eliminación de las multas a empleadores por trabajo no registrado. Sin embargo, el único acuerdo es aprobar el dictamen y nada está dicho, pues en el debate en el recinto pueden aflorar todas estas diferencias.

Los detalles de la iniciativa laboral

Entre negociaciones con las distintas bancadas dialoguistas y modificaciones de última, no está claro el proyecto de reforma laboral que el oficialismo llevará al recinto en la Cámara de Diputados.

Se sabe que sí hay consenso en base a tres puntos: la extensión del periodo de prueba, la creación de un régimen de cese laboral y la eliminación de las multas por trabajo en negro. También se sostiene que el proyecto limitaría drásticamente el derecho a huelga, ya que obligaría a garantizar entre el 50% y el 75% del servicio durante un conflicto en “prácticamente todas las actividades”, según revelaron fuentes opositoras.

No está claro lo que ocurrirá, además, con la “cuota solidaria” que se cobra a todos los trabajadores en blanco y es una fuente de financiamiento esencial para los gremios: el proyecto oficial y el del radicalismo proponían darlo de baja.

“El objetivo no es recrear un trabajo mejorado sino desfinanciar a los sindicatos. Ese fue el espíritu de (Federico) Sturzenegger en el DNU 70, y ahora los radicales vuelven a ir por el mismo camino”, se había quejado el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez.

Salir de la versión móvil