Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluirán hoy con el alegato acusador en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 en favor del empresario Lázaro Báez, uno de los casos más importantes de los últimos años, que concita las miradas de toda la clase política nacional.
Los fiscales protagonizarán la última de las nueve audiencias que les otorgó el tribunal para desplegar sus alegatos y formularán el pedido de condenas que anunciaron semanas atrás cuando comenzaron una encendida exposición que apuntó, en su mayor parte, a acusar a la vicepresidenta Cristina Fernández como principal responsable de una “asociación ilícita” destinada a desviar fondos de la obra pública de Santa Cruz.
Entre los imputados están también el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López; el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y el ex secretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner.
Si bien no existen pruebas directas de la supuesta vinculación de Fernández de Kirchner con los hechos denunciados (no hay ninguna resolución, decreto, mail o mensaje que la vincule con alguna instrucción para favorecer a Báez), se espera que los fiscales pidan penas altas para la Vicepresidenta: de entre 12 a 14 años de prisión efectiva, además de inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos y el decomiso de sus bienes hasta una suma aún desconocida.
Los fiscales señalaron el viernes que a su criterio está probado que Cristina Kirchner cometió dos delitos: ser la jefa de una asociación ilícita que desde su Gobierno y el de Néstor pergeño un armado ilegal para que el empresario Báez reciba obra pública en Santa Cruz durante 12 años -que no habría terminado pese a que habría cobrado de manera completa con sobreprecios-, y que con este armado defraudaron al Estado.
Las defensas sostienen, al contrario, que las obras se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas –fueron de hecho votadas por el Congreso de la Nación-, y que los fiscales no lograron probar los delitos atribuidos. Como prueba, esgrimen las auditorías realizadas en la propia causa, que concluyeron que no se pagaron sobreprecios y que las obras abonadas fueron realizadas, hasta que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri detuvo las construcciones.
Con las elecciones de 2023 como fondo, lo cierto es que la causa amenaza con politizarse al extremo y convertirse en un eje de la campaña electoral, con las 30 audiencias por delante que quedan a las defensas para exponer sus argumentos.
Repudio de los intendentes
Más de 500 intendentes de todo el país repudiaron ayer la supuesta “persecución judicial” contra la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa Vialidad, y rechazaron la “utilización del sistema judicial como mecanismo de disciplinamiento”.
En una solicitada, los jefes comunales manifestaron su “preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”, a la vez que denunciaron que estas acciones son “una práctica violatoria de los derechos, que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”.
Apuntan a Máximo Kirchner
Fuentes judiciales anticipaban ayer que el fiscal Diego Luciani podría cerrar hoy sus alegatos exhibiendo documentos con la firma de Máximo Kirchner y Lázaro Báez, que en el oficialismo interpretan como una jugada para presionar a la Cámara de Casación a reabrir el juicio oral de Hotesur, donde está acusado el hijo de la Vicepresidenta.
Si bien no especificaron de qué tipo de documentos se trata, sí se dijo que se vincularían con la venta de las propiedades que compró Báez en Santa Cruz. Incluso se especulaba con poderes sobre determinadas propiedades en los que podría aparecer Máximo como representante de sus padres en la venta al empresario.