El Gobierno nacional aprobó el nuevo modelo de contrato de concesión entre el Estado y la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), paso clave dentro del proceso de privatización impulsado por la administración nacional. La decisión fue formalizada a través de la Resolución 543/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.
La iniciativa se enmarca en la implementación de la Ley de Bases y busca redefinir el funcionamiento del servicio de agua potable y saneamiento que actualmente abastece a más de 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Según se desprende del texto oficial, el nuevo contrato fue diseñado para establecer con mayor precisión las responsabilidades y derechos tanto del Estado como del futuro operador privado. Desde el Ejecutivo sostienen que contar con este esquema contractual era una condición necesaria antes de concretar la venta del paquete accionario de la compañía.
El plan contempla la transferencia de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico, mientras que el porcentaje restante será colocado en el mercado bursátil. La intención oficial es ofrecer un marco jurídico claro que brinde previsibilidad a potenciales inversores interesados en participar del proceso.
El contrato establece que la concesión tendrá una duración inicial de 30 años, con posibilidad de extensión por una década adicional. El servicio abarcará la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense.
Entre los distritos incluidos figuran partidos como La Matanza, Quilmes, Morón, Lanús y Tigre, además de otras localidades de alta densidad poblacional del Gran Buenos Aires.
El nuevo esquema prevé una transición dividida en etapas. Entre 2024 y 2026, AySA deberá continuar con un plan de reordenamiento orientado a mejorar su situación financiera y operativa. Posteriormente, desde enero de 2027, comenzará el denominado “Primer Ciclo Tarifario”, ya bajo gestión privada, período en el que el concesionario deberá cumplir metas de inversión, ampliación de redes y calidad del servicio.
Con la aprobación del contrato, la Unidad Ejecutora de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas quedó habilitada para avanzar con el llamado a licitación nacional e internacional. Ese proceso permitirá identificar a las empresas interesadas en asumir la operación de uno de los servicios públicos más relevantes del país.
Mekorot descartó una compra y abrió el debate sobre el modelo de gestión
En medio de las versiones sobre posibles interesados en adquirir parte de AySA, la empresa estatal israelí Mekorot salió a despejar rumores vinculados a una eventual compra.
Diego Berger, coordinador de proyectos especiales e internacionales de la firma, aseguró que la compañía no puede adquirir activos fuera de Israel debido a limitaciones estatutarias. Según explicó, Mekorot participa actualmente como asesora técnica para mejorar procesos de eficiencia dentro de AySA, pero descartó cualquier posibilidad de compra.
Durante declaraciones radiales, Berger sostuvo que el principal desafío pasa por modificar hábitos de consumo y fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema. En ese marco, remarcó que en Argentina existe un uso intensivo del agua y una baja percepción sobre su valor económico.
El especialista señaló además que el país registra niveles de consumo per cápita superiores a los de Israel, junto con pérdidas importantes en infraestructura y redes de distribución. También planteó que el financiamiento del servicio debe sustentarse en tarifas que permitan cubrir operación, mantenimiento y expansión.
Berger destacó que en Israel el sistema hídrico se financia exclusivamente con el cobro del servicio, sin depender del presupuesto estatal, y remarcó la importancia de contar con un ente regulador centralizado para garantizar controles y eficiencia. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre cuál debería ser el modelo de gestión para uno de los servicios públicos más sensibles del país.
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