El senado sesionará el próximo jueves 16 de julio para tratar una treintena de pliegos judiciales, y el proyecto de propiedad privada que tiene como ejes centrales la eliminación de restricciones para que los extranjeros puedan comprar tierras y los desalojos “exprés” de las casas o tierras ocupadas.
La decisión se adoptó en una reunión de Labor Parlamentaria, y tuvo el acuerdo del grupo de los 44 que conforma el oficialismo y bloques dialoguistas y de Convicción Federal, una escisión del interbloque peronista.
El encuentro fue encabezado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y asistieron los jefes de los bloques de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, del PRO Martín Goerling, de Convicción Federal, Carolina Moises, de Encuentro Misionero, Carlos Arce, de Primero los Salteños Flavia Royón, de la UCR Eduardo “Peteco” Vischi, de Moveré Santa Cruz Natalia Gadano, y del peronismo Juliana Di Tullio y Fernando Salino. También concurrió el senador de la Libertad Avanza, Agustín Coto, y el secretario parlamentario del Senado, Agustin Guistinian.
Bullrich informó los acuerdos que se celebraron entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, ya que el peronismo rechaza el proyecto de propiedad privada, y mantendrá su posición de no dar quórum.
Si bien hubo un consenso para sesionar el próximo jueves a las 12 la realidad que todavía hay dudas sobre el quórum ya que algunos legisladores están de vacaciones porque en algunas provincias el receso invernal comenzará el próximo lunes, una semana antes que en el AMBA, admitieron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.
Propiedad privada
El proyecto central que se tratará en la sesión será el de propiedad privada que elimina todas las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, aunque se establecieron limites para los paises extranjeros, y zonas de frontera.
En la versión numero 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.
Esa medida, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo sustanciales modificaciones, ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos de que se trate de inmuebles usurpados, en tanto que en el resto de los casos se mantienen los actuales plazos de intimación.
Habrá un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler que se deberá hacer en forma fehaciente.
La notificación será dirigida al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico; se tiene por válida aun si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiera perfeccionarse por motivos imputables a él.
Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la cual debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley, que es de 10 días hábiles.
En el tema de la ley del manejo del fuego se mantiene la prohibición de poder cambiar su uso por 60 años en el caso de los bosques nativos que sufrieron un incendio como establecía la norma votada en el 2020, aunque se permite dar otro destino a las tierras rurales.
Pliegos judiciales
La Libertad Avanza también quiere aprobar una treintena de pliegos, entre los que figura una prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien debe tener el aval del Senado para continuar en su cargo antes de cumplir los 75 años el 27 de julio.
Pesino ya se adelantó a una posible postergación del debate de su pliego y presentó un recurso de amparo para continuar en su cargo después de cumplir los 75 años.
También en la lista se encuentra el funcionario judicial y ex secretario del juez Ariel Lijo, Juan Rodríguez Ponte, para el juzgado de Lomas de Zamora, que tendrá la causa del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la modelo Jésica Cirio.
En la misma sesión, el oficialismo quiere convertir el proyecto de Ley de Hojarasca, que deroga unas 70 iniciativas consideradas obsoletas o que ya perdieron vigencia ante los avances tecnológicos.
Una de las normas que se busca eliminar es la ley 20.120 de la gestión de Lanusse que “obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal”.
También se intenta eliminar la ley 20.983 de 1975 que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.
Sesión del 6 agosto
También se decidió que el 6 de agosto habrá otra sesión donde se tratará los proyectos de ley de Hojarasca, Salud Mental, falsa denuncias, según informó la jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
La ley de Hojarasca tiene dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales y propone derogar unas 70 leyes que están obsoletas o que no se aplican porque ya fueron superadas por el avance tecnológico.
En tanto, la reforma de la ley de Salud Mental aún debe dictaminarse ya que se realizaron tres reuniones informativas con lo cual si no hay la próxima semana un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General no se podrá tratar el 6 de agosto.
En el caso del proyecto de falsas denuncias impulsado por la radical Carolina Losada se aumentan las penas, pero tiene fuertes cuestionamiento de las organizaciones feministas.
El desempleo y la informalidad se profundizaron en los últimos dos años
