La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves un recurso presentado por el Gobierno nacional y dejó firme una medida cautelar que ordena la aplicación de dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados a la actualización salarial de docentes y no docentes, así como a la recomposición de programas destinados a estudiantes.
La decisión fue adoptada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el recurso extraordinario interpuesto por el Estado al considerar que una resolución sobre una medida cautelar no constituye una sentencia definitiva susceptible de revisión por esa vía.
La causa se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades nacionales, que cuestionaron la constitucionalidad del Decreto 759/2025. Esa norma establecía que la Ley 27.795 solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.
En instancias anteriores, la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal había ordenado al Estado, mediante una cautelar, cumplir de manera inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley. Esos puntos contemplan la actualización de los salarios del personal universitario desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma y la recomposición de los programas estudiantiles.
La medida no alcanzó otros aspectos previstos por la ley, como la recomposición presupuestaria correspondiente a 2024 y 2025 ni otras partidas destinadas a programas de asistencia y fortalecimiento institucional.
Al confirmar la cautelar, la Corte mantuvo vigente la decisión adoptada por los tribunales inferiores. Previamente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había sostenido que el Estado no logró desvirtuar los argumentos presentados por las universidades y advirtió que la falta de aplicación de la norma podía generar un deterioro salarial con impacto sobre el derecho a enseñar y aprender.
El fallo se conoce pocos días después de que el Gobierno nacional y las autoridades universitarias alcanzaran un acuerdo para la transferencia de fondos al sistema universitario. El acta, firmada el 10 de junio, contempla una recomposición de la masa salarial del 24,33%, distribuida en un incremento del 21,33% en junio y otro del 3% en octubre.
Además, el acuerdo prevé una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, una ampliación de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
Debido a ese entendimiento previo, la resolución de la Corte no tendrá efectos económicos inmediatos, ya que las mejoras salariales y presupuestarias ya habían sido comprometidas por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la decisión judicial es interpretada como un respaldo a la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y mantiene abierto el expediente a la espera de una resolución sobre el fondo de la cuestión.
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