La Sala de Feria de la Cámara Laboral rechazó a un grupo de cámaras empresarias de la provincia de Córdoba como «tercero interesado» en el expediente en el que fueron suspendidos los efectos del DNU 70/23 del gobierno de Javier Milei en su capítulo laboral.
La Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio, la de Comercio Exterior, la Federación Comercia, la Unión Industrial y la Bolsa de Cereales realizaron la presentación, con la que aspiraban a apelar la medida cautelar dictada por el tribunal laboral.
Con el patrocinio de Bernardo Saravia Frías (ex procurador del Tesoro durante el gobierno de Mauricio Macri), las Cámaras sostuvieron que «no hay dudas de que son terceros interesados en esta contienda».
«Así como la CGT se arroga la representación de intereses colectivos de trabajadores inverosímilmente afectados por el DNU 70/23, varios de sus empleadores impedidos de aplicar esas normas suspendidas cautelarmente por la Sentencia están nucleados en las Cámaras», sostuvo el escrito, de unas 30 páginas.
«Si se permite una actuación de la CGT, pues también debe oírse a la Cámaras antes de tomar cualquier decisión sobre la vigencia y validez de las normas laborales contenidas en el DNU», añadieron.
Pero el tribunal, con las firmas de los jueces Carlos Pose y Alejandro Sudera, respondieron que «la petición resulta inatendible ya que la figura de intervención de terceros resulta inaplicable prima facie en las acciones amparistas».
«Salvo –subrayaron- que se trate de un supuesto de intervención necesaria, lo que no puede predicarse en el caso a estudio. En consecuencia, corresponde desestimar la solicitud de incorporación al proceso como tercero interesado».
Las cámaras cordobesas argumentaban que la cautelar de la Cámara laboral obstruye «la reforma laboral tan esperada y necesaria para la supervivencia de cientos de empresas argentinas, la creación de nuevas empresas y la generación de nuevos puestos de trabajo».