Por Héctor Cuevas
Las repercusiones políticas del caso Surrbac por supuesto lavado de dinero han impactado en la gestión provincial de Juan Schiaretti, en la saliente gestión municipal de Ramón Mestre, y le han hecho mover algunas piezas al intendente entrante, Martín Llaryora.
La mayor preocupación pasa a estas horas por la Municipalidad, ya que el voluminoso trabajo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) tiene apuntados movimientos de fondos sospechosos del gremio, en especial cuando se estaba licitando el nuevo servicio de recolección de residuos.
Hasta acá el único nombre de funcionarios que ha trascendido, de los apuntados por la UIF y que ya investiga la Justicia Federal, es el del encargado de la Coordinación Pública y Privada de la Secretaría de Seguridad, Gastón Massimino, actualmente en uso de licencia.
Massimino recibió en su cuenta depósitos por más de tres millones de pesos en 2017, provenientes del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba – Surrbac, sin que la UIF le haya encontrado hasta ahora un motivo justificado. Los depósitos fueron hechos en la cuenta que la Provincia le abre a sus dependientes para la liquidación de haberes, y el funcionario implicado dice que se trató de una operación inmobiliaria, que la UIF no constató.
En el gobierno de Schiaretti buscaron bajarle el perfil al tema. No hubo comentarios al respecto y se le aconsejó al funcionario investigado dar un paso al costado.
Pero esa licencia no fue la única secuela. El jefe político de Massimino es el ex secretario de Seguridad, y actual legislador electo, Diego Hak, que pretendía ocupar algún cargo en el gabinete de la nueva gestión municipal encabezada por Martín Llaryora. Pero el caso Surrbac lo ha rozado y los colaboradores del futuro intendente dicen que el sucesor de Mestre no quiere “quedar pegado” con nada de esa brasa caliente.
Fuentes del equipo político de la nueva gestión municipal también sostienen que quién deberá dar explicaciones por el tema es Ramón Mestre.
Es que Massimino, además de ser un dirigente del PJ Capital, integró el estudio jurídico propiedad de los hermanos Ramón y Diego Mestre, en la calle 25 de Mayo, en el centro de la ciudad de Córdoba. Al parecer, se fue de ese estudio hace unos años, pero esa relación profesional, que también sería personal, ha encendido más de una señal de alarma.
Mestre ya fue denunciado por su antigua aliada política, la concejala Laura Sesma, a raíz del último convenio de licitación de residuos. La dirigente, ahora alineada con la renunciante diputada Elisa Carrió, entiende que hubo un triángulo de corrupción entre funcionarios, empresarios que ganaron la prestación y el gremio.
Por esta causa, están imputados casi una veintena de dirigentes del Surrbac, y detenidos sus principales dirigentes, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone. Uno de los imputados es el abogado José Luis Yacanto, socio del estudio jurídico que comparten el vocal del Tribunal Superior, Luis Angulo, y el ministro de Justicia, Martín Farfán.
Farfán no seguirá en el cargo en el nuevo gabinete del gobernador Juan Schiaretti, y esa cartera provincial será ocupada por el delasotista Julián López.