Por Gustavo Aro (Especial para HDC)
Cada vez más personas optan por utilizar los espacios públicos como plazas y parques de la ciudad de Córdoba para realizar actividades físicas, lo que refleja una tendencia creciente hacia un estilo de vida saludable.
Muchos eligen pagarle a un profesor para recibir clases de gimnasia, yoga, ritmos o entrenamiento personal en estos entornos. Esta práctica no solo fomenta la actividad física y el bienestar, sino que también crea un sentido de comunidad, donde los participantes pueden socializar y motivarse mutuamente. Sin embargo, es fundamental que estas actividades se realicen con los permisos adecuados para garantizar un uso justo y ordenado de los espacios públicos, permitiendo que todos los ciudadanos puedan disfrutar de ellos y evitando conflictos o problemas.
La actividad física, por saludable que sea, conlleva en sí algunos peligros o infortunios para el cuerpo por lo que estos espacios además deberían contar con servicios médicos de urgencia e hidratación, entre otros puntos importantes para quien paga por un servicio.
Si se usan espacios públicos sin permiso para hacer gimnasia y esa actividad genera una renta se está perjudicando a la comunidad, ya que otros podrían verse privados de disfrutar esos espacios para sus propias actividades. A la larga, esto también perjudica a quien contrata ese servicio ya que una lesión durante las actividades no autorizadas no solo afecta su bienestar, sino que también podría exponerlo a responsabilidades legales. Es fundamental considerar cómo las acciones afectan a los demás y buscar alternativas que sean legales y justas.
Una regulación de esta actividad plantea disyuntivas permanentemente. Por un lado, se sabe, realizar actividades físicas en espacios públicos tiene varios beneficios. En primer lugar, fomenta un estilo de vida saludable, ya que el ejercicio regular contribuye al bienestar físico y mental. Además, al utilizar estos espacios, ayuda a crear una comunidad activa y unida, donde las personas pueden socializar y compartir experiencias.
En la vereda del frente se paran los que entienden que la aplicación de esta regulación acarrearía algunos inconvenientes, como por ejemplo, ejercer el control. Córdoba es una de las ciudades más grandes del país en superficie y tiene más de mil plazas, plazoletas y parques, por lo que el control sería imposible de realizar, o por lo menos muy complicado.
Regulación del entrenamiento
Hace algunos años, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó una ordenanza que regulaba la actividad que realizaban los grupos de entrenamiento y personal trainers en plazas, plazoletas y parques de la ciudad. El texto proponía la creación de un Registro Municipal de Grupos de Entrenamiento Físico y Entrenadores Personales que desarrollen actividades en espacios públicos y apuntaba a que estos fueran profesionales de educación física acreditados.
La iniciativa fue encabezada por concejales del por entonces bloque de Cambiemos y el concejal Abelardo Losano era la voz cantante. En uno de los numerosos trabajos que se realizaron en la comisión de Deportes del Concejo Deliberante, Losano aseguró que buscaban “la armonización del uso del espacio público”.
El proyecto había surgido de algunas quejas que recibieron en el Concejo por parte de vecinos. Muchos de ellos aseguraron sentirse invadidos en las plazas por quienes entrenan. La utilización de mancuernas, sogas, conos, pelotas, colchonetas y diferentes instrumentos para realizar ejercicios limita el espacio público y en muchos casos hasta impide la libre circulación de los vecinos.
La regulación señalaba que el entrenador que trabajara en esos espacios públicos debía tener título habilitante, un curso de primeros auxilios, contar con asistencia médica para sus alumnos y pagar la tasa municipal.
Para ingresar en el registro se debía acreditar título habilitante, conocimientos en primeros auxilios y RCP, solicitar autorización detallando el lugar, días y horarios donde se desarrollará la actividad física y acreditar inscripción ante AFIP, entre otros requisitos.
Finalmente, la ordenanza se aprobó, luego de un interesante debate en la comisión respectiva, pero nunca se reglamentó.
Hoy, el ex concejal Losano recuerda el origen de la iniciativa: “Nos habíamos reunido con todos los dueños de los gimnasios que trabajaban bajo la normativa municipal y la queja principal era que había un grupo de entrenadores que lo hacían fuera de los controles municipales. En base a eso, estudiamos la problemática y, efectivamente, lo que hacían los otros entrenadores era ocupar parte del espacio público, especialmente en el Parque Sarmiento, en el cual habían llegado a prácticamente cerrar toda la parte de ahí de la bajada del Dante y en otros lugares. De allí surgió la iniciativa que era consensuar con todos alguna ordenanza que sirviera a la comunidad. En base a eso, se reunió a las dos partes, a los que estaban formales y a los informales, y se buscó hacer una cosa que sirviera a ambos. Efectivamente, no se organizó este tema, seguramente por intereses políticos del radicalismo que en ese momento eran gobierno (2015-2019). Creo que, fundamentalmente, lo peor es la ocupación del espacio público en desmedro de la gente que lo quiere hacer en esos lugares y que muchas veces tienen máquinas provistas por la municipalidad y que impiden que otros lo hagan. Fundamentalmente me parece que el mayor problema es el uso del espacio público”.
Losano, con su visión actual, que no cambió ni una coma respecto al momento de defender el proyecto en el Concejo Deliberante, abre otro debate.
El Estado, en este caso la Municipalidad de Córdoba, dice presente en los espacios públicos y lleva adelante el programa de Gimnasia Familiar, que se implementa en distintos lugares icónicos y de fácil acceso de la ciudad.
Este programa es gratis y está diseñado para ser inclusivo y accesible para todas las familias, sin importar su nivel de condición física. Las actividades se realizan en lugares abiertos, donde se ofrece una amplia gama de opciones recreativas que permiten a los vecinos y vecinas disfrutar de momentos de ejercicio en un ambiente amigable y motivador.
¿Usurpación del espacio público?
Utilizar estos espacios de manera adecuada, fomenta su mantenimiento y conservación, asegurando que permanecerán disponibles para el uso de todos. Pero, sí se puede considerar usurpación cuando un individuo privado toma un espacio público sin permiso y cobra por el uso de ese espacio para dar clases de gimnasia. Hay una usurpación implícita.
Al hacerlo, el individuo no solo infringe normativas locales sobre el uso de espacios públicos, sino que también afecta el acceso de la comunidad a esos lugares, ya que está impidiendo que otros los utilicen libremente. Esto puede generar conflictos con otros usuarios y crear tensiones en la vía pública y en espacios que, se supone, son para el descanso y la recreación.
Otras voces, a favor y en contra
Jorgelina (nombre ficticio) es dueña de un gimnasio habilitado que tributa y paga sus impuestos. “Prefiero que no me menciones porque la realidad es que muchos de los profesores que trabajan con nosotros hacen Máster Class y tienen sus actividades en parques y plazas. Son excelentes profesores, así que preferiría el anonimato en ese sentido. Entiendo que hay clientes para todos. Lo ideal sería que cada uno pudiera tributar algo, pero hasta que se asienten y se acomoden y demás, cada uno trata de buscar lo mejor para sí mismo. En resumen, lo ideal sería que todos tributaran algo en menor o mayor medida, pero no estoy en posición de denunciar a aquellos que tratan de tener algún trabajo propio. Muchas veces suele parecer injusto pero la situación del país no es la mejor y valoro mucho aquellos que quieren tener un negocio propio y van probando. Lo que se ofrece en un parque no reemplaza el trabajo de fuerza necesario que si hay en los gimnasios, pero todo movimiento es bueno y preferible a quedarse quieto”.
El Profesor Diego Castillo, dueño del gimnasio Indoor Plaza de barrio General Paz, se expresa casi en el mismo sentido que su colega aunque pide mayor controles: “Mi mirada no es sobre los espacios públicos ni querer sacarlos, por más que no paguen impuestos y ocupen un lugar que sigue siendo público. Yo cuestiono y creo que merece un debate aparte, el tema de la irregularidad y la falta de controles. No hay control. Cualquiera da la clase, cualquiera. Entiendo que deberían tener un permiso que se les otorgue únicamente a aquellas personas que son profesores de educación física o que tienen algún instructorado, mínimo de un año, porque están trabajando con personas. Esa es mi inquietud. Después, que ocupen un lugar, si eso está bien o está mal, yo en ese campo no me quiero meter porque no me quiero pelear con colegas que se están buscando el ‘mango’ y que en realidad no están molestando a nadie”.
Y agrega: “En un país donde falta el dinero se deberían facilitar las posibilidades de generar dinero y no poner trabas. Si fuera un país del primer mundo, donde hay infinidad de opciones, sería otro cantar”.
Respecto a este tema controversial, HOY DÍA CÓRDOBA se comunicó en varias oportunidades con la Cámara de Gimnasios de Córdoba y la respuesta fue que aún no tomaron la decisión de hacer pública la postura como ente, aunque individualmente hay integrantes de la Comisión que están a favor de la regulación y otros en contra, según comentó una fuente cercana a la Cámara.
En su momento, cuando se debatía la ordenanza de regulación, el por entonces presidente de la Cámara de Gimnasios, Marcos Aguade, dijo: “Es positivo que se haga actividad física. No podemos estar en contra de eso, pero con la masividad que se está manejando en los parques y zonas verdes es hora de que se regule, principalmente para darle seguridad a los usuarios”.
Por el lado de los prestadores de este servicio rentado, este matutino tomó contacto con dos profesores de educación física que trabajan en dos espacios públicos, uno de zona norte y otro de zona noroeste, aunque ninguno quiso exponerse a una respuesta a pesar de la insistencia con mensajes vía Whatsapp.
A modo de cierre
En definitiva, la creciente popularidad de la gimnasia en espacios públicos refleja un cambio positivo hacia un estilo de vida más activo y saludable. Sin embargo, este fenómeno no está exento de desafíos.
La necesidad de regular estas actividades es evidente, no solo para proteger el bienestar de los usuarios, sino también para garantizar el acceso equitativo y ordenado de estos espacios que pertenecen a todos. Es fundamental que se establezcan marcos normativos que regulen el ejercicio físico en la vía pública, permitiendo así la coexistencia de la actividad física y el respeto hacia el espacio comunitario.
La colaboración entre entrenadores, gimnasios y Estado es crucial para encontrar un punto medio que favorezca a todos, asegurando que el derecho al esparcimiento y a una vida sana sea disfrutado por cada ciudadano sin detrimento ni usurpación.
Solo a través de un diálogo constructivo y una regulación justa podremos resguardar la esencia de nuestros parques y plazas, asegurando que sigan siendo lugares de encuentro, salud y bienestar para la comunidad.
El debate en torno a la regulación de actividades físicas en espacios públicos es un reflejo de la complejidad de la convivencia urbana. Es crucial que se lleve a cabo un diálogo inclusivo entre todos los actores involucrados, desde los entrenadores y propietarios de gimnasios hasta los usuarios de los espacios. Solo así se podrán establecer normas que favorezcan un entorno saludable y accesible para todos, promoviendo tanto la actividad física como la preservación del espacio público.
La creación de un registro y la exigencia de permisos adecuados no solo garantizarían un uso justo de los espacios, sino que también permitirían a los profesionales de la actividad física ofrecer sus servicios de manera legítima. Esto podría incluir la mejora de la seguridad de los usuarios, así como el acceso a servicios médicos y de emergencia, mitigando así el riesgo de lesiones y otros infortunios.
