La Legislatura provincial receptó ayer opiniones en torno al proyecto de ley impulsado por el oficialismo que propone la creación de un Ministerio Público de la Defensa de Córdoba y de Asistencia Jurídica Gratuita. El nuevo organismo judicial reemplazaría al servicio de asesores letrados, un esquema que integran 76 funcionarios judiciales y que tienen a su cargo la defensa y representación en todas las instancias del proceso judicial de miles de personas en causas penales, juveniles, laborales y civiles.
En el marco de una reunión conjunta de las comisiones legislativas de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo, y de Legislación General, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Sebastián López Peña, rechazó enfáticamente la iniciativa, al advertir que será un “retroceso institucional” por el avance del poder político en el Consejo de la Magistratura.
“A pesar de las buenas intenciones, el proyecto enmascara un retroceso institucional”, aseguró López Peña para manifestar su disconformidad en relación a la ampliación del Consejo de la Magistratura y la creación de una mega estructura para el servicio de defensa pública.
“Las necesidades de la defensa pública están en la trinchera, no en la cabeza”, agregó, enfocándose en los recursos presupuestarios que reclama el Poder Judicial. Con menos vehemencia que López Peña, pero coincidiendo en lo medular de las críticas, se pronunció Silvana Chiapero, la camarista que conduce la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
Por su parte, el titular del Colegio de Abogados de Córdoba, Ignacio Segura, también cuestionó la ampliación del Consejo de la Magistratura, y reclamó que –en caso de darse– debe haber una “mayor representatividad” de la abogacía, para equilibrar los tantos, reveló en un informe el periodista del diario La Voz del Interior, Juan Manuel González. Segura se adelantó y pidió dos nuevas sillas en el Consejo de la Magistratura para representantes de la abogacía. “Debe haber un equilibrio, y este nuevo espacio vitalicio lo quiebra”, alertó.
En ese sentido, propuso que cualquier modificación al diseño institucional del organismo que selecciona a integrantes de la magistratura sea separada de la creación de un nuevo ente, como lo sería el Ministerio de la Defensa. En lo técnico, Segura demandó –entre otros puntos– que se restrinja el acceso de los defensores públicos a personas en situación de vulnerabilidad. Fue un tiro por elevación a importantes empresarios y escribanos imputados en la mega causa del Registro de la Propiedad que tienen el asesoramiento público.