La resolución de la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Córdoba (Fetap) de suprimir los pasajes gratuitos para distintos sectores amparados por leyes nacionales y provinciales, a partir de este viernes 22, sumó una nueva preocupación a uno de los colectivos más vulnerados como lo son las personas con discapacidad.
Actualmente, este colectivo ya enfrenta serias dificultades para que el Gobierno Nacional cumpla con las prestaciones básicas de programas como Incluir Salud o PAMI, además de lidiar con los retrasos en los pagos a los profesionales. En este escenario, la amenaza de perder el derecho a la movilidad añade una capa de complejidad a las familias cordobesas.
Hoy Día Córdoba dialogó con Patricia Giussani, ingeniera jubilada e integrante de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), la agrupación que sostiene los reclamos del sector en la provincia, para analizar las implicancias de la propuesta de Fetap. Según explica, las familias que conviven con la discapacidad manejan un «umbral de pobreza» diferente al del resto: «Necesitan mayores ingresos, tienen gastos superiores, como la adaptación del hogar y los costos de movilidad», señala.
La gratuidad como derecho
Dentro de este conflicto latente, al que se suma la intimación del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) a Fetap, emerge una confusión conceptual recurrente. La idea de que la gratuidad es un beneficio o un subsidio empresarial, cuando en realidad se trata de una cobertura amparada por ley.
«El tema de la gratuidad del transporte para las personas con discapacidad en corta, media y larga distancia está establecido por normativa. Por eso, en este caso, estamos hablando de un nuevo incumplimiento legal», advirtió la referente de ATI.
A nivel federal, el marco regulatorio madre es la Ley Nacional N° 22.431 («Sistema de Protección Integral de los Discapacitados»), que en su artículo 22 contempla las franquicias de viaje. En tanto, para los recorridos dentro del territorio cordobés, rige la Ley Provincial N° 9440, sancionada en 2007, la cual instituyó el Pase Libre, Único y Universal.
Ambos instrumentos jurídicos tienen como finalidad idéntica garantizar el acceso a derechos esenciales como la salud y la educación, impidiendo que el transporte funcione como una barrera excluyente.
Desde ATI denuncian que el sector está siendo «cercado por todos lados». A la baja de alrededor de 100.000 pensiones no contributivas, de las cuales menos de 3.000 han sido reincorporadas, se suma ahora esta nueva amenaza sobre el transporte gratuito. «Hay un ensañamiento en el recorte a los más vulnerables», advierten desde la agrupación, y agregan que el conjunto de problemáticas acumuladas configura un caso de mistanasia: la muerte de la persona por abandono del Estado.
La abogada Marta Lastra detalló el alcance del amparo que frena el ajuste en discapacidad