Un grupo de vecinos de Río Tercero, afiliados en la Comisión de Damnificados que reclaman indemnizaciones al Estado nacional por daño moral por las explosiones de la Fábrica Militar en noviembre de 1995, presentó ayer en Casa Rosada un petitorio con 8.500 firmas, luego de haberse movilizado en la explanada.
En ese marco, el abogado Mario Ponce, que patrocina al grupo de unas 8.000 personas que aguardan ese pago, expresó que entregaron el petitorio con las firmas en los ministerios de Defensa y de Economía, además de en Presidencia de la Nación. En esa línea, precisó que fueron recibidos por el jefe de gabinete de Defensa, Héctor Mazzei, y que la reunión “fue positiva”. Luego, indicó a La Voz que, según aseguró Mazzei, están “trabajando en la elaboración de una resolución para que en los próximos días comiencen los pagos a los damnificados”.
Dado ese caso, Ponce comentó que podrían dar un paso atrás para que el Estado no pague la multa por incumplimiento que estableció la Justicia federal, porque no se aplica la ley que el Congreso nacional sancionó casi por unanimidad a fines de 2015. Además, no se descarta la posibilidad de que el pago pueda ser en efectivo y no en bonos, como lo contempla esa ley.
Ponce indicó además que el Estado debería pagar unos $ 24.000 millones a los 8.000 demandantes que representa por daño moral y psicológico, calculado a razón de $ 3.000.000 por cada reclamante, ya que se trata de un solo pedido colectivo de resarcimiento. El Congreso aprobó en 2015 una ley, que hasta ahora no se cumplió, para abonar ese resarcimiento y estableció que quienes adherían a esa reglamentación abandonaban el reclamo judicial contra el Estado que años antes habían iniciado.
Luego, la Justicia intimó al Gobierno a que cumpla la ley aprobada hace ocho años y hasta fijó que abone una multa por cada día de incumplimiento. El abogado aseguró que el caso, por la mora, está siendo estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se pidió la intervención de la Corte Interamericana contra el Estado argentino por violación a los derechos humanos.
El reclamo en Casa Rosada fue acompañado por la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (UCR-Evolución) quien aseguró: “También fui víctima. Río Tercero se merece una reparación por todo lo padecido”.