Se cumplió ayer una década desde la madrugada del 3 de diciembre, cuando la Policía de Córdoba, en reclamo por mejoras salariales, empezó un acuartelamiento que dejó un muerto, 200 heridos y 450 comercios robados. Además, reconfiguró las relaciones entre el Gobierno provincial y el kirchnerismo.
El episodio empezó en la madrugada, horas después de que el gobernador José Manuel De la Sota viajara a Colombia para participar de un encuentro de Intendentes y Gobernadores. Sin embargo, enterado de la crisis, emprendió la vuelta.
Por la noche, los robos se multiplicaron por todos los puntos cardinales. Hubo algunas zonas más afectadas, tales como el espacio comercial de Villa el Libertador, las avenidas Colón, Fuerza Aérea, Donato Álvarez y barrios como San Vicente, entre otros, mientras unos pocos policías de la Caminera, la Guardia de Infantería y el grupo Eter seguían en funciones.
La única víctima fatal registrada fue Javier Rodríguez, de 20 años, quien estaba en las inmediaciones del supermercado Buenos Días, saqueado en barrio Deán Funes. Nunca se pudo encontrar al autor del disparo, a pesar de que se peritaron todas las armas de los policías que estaban en la zona.
La protesta de los policías finalizó al mediodía siguiente. El abogado Ortiz Pellegrini, que representaba a un sector de los acuartelados, anunció el acuerdo que consistió en un aumento del 50% sobre el sueldo inicial.
En cuanto a los cabecillas de la protesta policial, 56 de ellos fueron acusados por promover el acuartelamiento. Casi todos fueron condenados a penas de prisión en suspenso e inhabilitación.
En tanto, el episodio le costó el puesto al entonces Jefe de la fuerza, César Almada, y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Además, se sancionaron leyes que confirmaron la prohibición de acuartelamientos y la sindicalización.
Por su parte, el Gobernador apuntó a la Nación por no enviar ayuda cuando hacía falta. No obstante, la Justicia Federal absolvió a la ministra de Seguridad de la Nación Cecilia Rodríguez, su viceministro Sergio Berni y al jefe de Gabinete Jorge Capitanich por su actuación en aquel momento. Según el fallo, no quedó acreditado el pedido formal de ayuda por parte de las autoridades cordobesas a pesar de que el jefe de gabinete delasotista, Oscar González, dijo que llamó varias veces por teléfono a las autoridades para pedir auxilio.
Las protestas y los aumentos otorgados generaron un efecto dominó y casi todas las provincias vivieron situaciones similares con protestas policiales. En todo el país, la ola de saqueos dejó un saldo de 10 muertos y más de 1.800 comercios saqueados.