La Caja de Jubilaciones de Córdoba extenderá la medida de excepción por la cual se acorta a 30 días el cobro por los pasivos de los aumentos concedidos a los trabajadores activos. Se acorta así un mes ese pago que, según la ley número 10.694, debería ocurrir 60 días después de la fecha en la que perciben sus incrementos los agentes en actividad.
La decisión será oficializada en las próximas horas, según anticipó ayer el periodista del diario Comercio y Justicia, Alfredo Flury. No obstante, aún no había trascendido por cuánto tiempo se extenderá la medida y si el límite salarial de 150.000 pesos que se fijó oportunamente para determinar quiénes accedían al beneficio y quiénes no, sigue en ese monto o se ajusta al alza.
Por lo pronto, la medida, que se oficializó por primera vez el 16 de mayo pasado y se aplicó por dos meses, ahora se extenderá en el tiempo. Es que el panorama que motivó la decisión que entonces hizo pública la administración de Juan Schiaretti sigue sin cambios e incluso hasta se profundizó en los últimos días.
Concretamente, al momento de tomar la decisión, el Gobierno aseguró que la determinación se adoptó “en virtud de la crisis económica y del aceleramiento del proceso inflacionario que mina el poder adquisitivo de las remuneraciones”. La medida benefició entonces a todos los jubilados y pensionados que cobraban en abril hasta 150.000 pesos.
“En virtud de la crisis económica y del aceleramiento del proceso inflacionario que mina el poder adquisitivo de las remuneraciones, el Gobierno de la Provincia de Córdoba dispuso con carácter excepcional adelantar un mes la actualización de las jubilaciones. La medida beneficia a todos los jubilados y pensionados que cobraron en el mes de abril hasta 150.000 pesos”, indicó entonces el comunicado oficial.
En función de esta disposición, los aumentos que correspondían aplicar en junio se adelantaron a mayo y los que correspondían, según la normativa vigente, aplicar en julio la Caja los aplicará en el mes de junio. La medida beneficiará a más de 70.000 jubilados y pensionados provinciales. Comprende más de 90% del sector docente, 87% del sector seguridad y 98% de los pasivos del sector Administración pública, explicó la Provincia.
Ahora, la decisión del Ejecutivo provincial es extender la medida de excepción a raíz de un panorama que sigue sin mayores cambios respecto al que motivó la determinación en aquella instancia.
Como se sabe, la eliminación del diferimiento previsional es uno de los reclamos de los gremios estatales que se oponen a los alcances de la ley 10.694, aunque no sólo por la postergación en sí misma sino por los cambios aplicados para el cálculo del haber inicial, menos favorable que con la normativa anterior.
Por lo demás, los sindicatos del sector público vienen reclamando una urgente reapertura de paritarias luego de haber cerrado un acuerdo de 30% desde febrero, que terminó de pagarse en mayo. Los gremios presionan por un aumento de al menos 70%, en línea con las proyecciones de inflación para el año en curso.