En el marco de la denominada causa Bacar por presunta intermediación financiera ilegal, el Fiscal Carlos Gonella abrió este lunes en el Tribunal Federal II de Córdoba, los alegatos en el juicio a Juan Carlos Barrera, sus tres hijos y otros tres imputados.
Todos ellos están acusados del delito de intermediación financiera ilegal, agravada por publicidad en medios masivos de comunicación.
Al respecto el fiscal Gonella manifestó: Después del juicio oral y de escuchar a los testigos que vinieron a esta audiencia la fiscalía va a sostener la acusación porque encontró que se ha confirmado la sospecha contenida en la pieza acusatoria. Luego de los alegatos de la fiscalía, viene la ronda de defensa, posiblemente terminemos en el día de hoy (lunes)”.
Tras los alegatos de la fiscalía en la Sala de Audiencia, Dr. Gonella pidió diversas penas: para Juan Carlos Barrera y sus hijos, la pena de tres años de prisión en suspenso, una multa de $104 millones y tres años de inhabilitación para ingresar al comercio. Para Carlos Orlando Reartes solicitó una pena de iguales características.
En el caso de Carlos Alejandro Reartes, 2 años y seis meses de prisión, la misma multa en dinero y dos años de inhabilitación para el comercio. Por último, para José Luis Cabaza la pena solicitada fue de 1 año y cuatro meses de prisión, una multa de $52 millones e inhabilitación de un año para ejercer el comercio.
Por su parte y según adelantaron, los defensores pedirán absoluciones y el juicio podría terminar el próximo viernes.
LA CAUSA
Juan Carlos Barrera era el dueño de la empresa de transporte de Caudales Bacar y junto a sus tres hijos, Pablo Adrián, Iván Ariel y Mariano comenzó a visitar los Tribunales Federales en 2014, acusados todos de intermediación financiera no autorizada agravada.
Los miembros de la familia dedicada al transporte de caudales y resguardo de valores cayeron presos como consecuencia de una corrida financiera que descalzó a Bacar SA y a sus firmas satélite (Bacar Traca SRL, Blicen y Compañía Barrera) y las privó del efectivo necesario para hacer frente a los vencimientos frente a los ahorristas.
Así es que el 17 de marzo de 2016 se produjo la detención de Barrera e hijos luego de agotarse todos los recursos que llegaron a la Cámara Nacional de Casación Penal con el rechazo de la última instancia. La causa había sido iniciada por 10 ahorristas representados por Nayi.
Ese día habían transcurrido sólo 25 meses del estallido del escándalo de la financiera Cordubensis (CBI), de la que los Barrera habían sido fundadores y luego se retiraron. Sin embargo, los Barrera siempre sostuvieron en su defensa que tenían claras diferencia CBI y negaban que haya funcionado como una entidad ilegal.
El abogado Sebastián Becerra Ferrer sostenía que las empresas de la familia funcionaban por separado, y que las empresas eran diferentes. También afirmaba que los préstamos tomados en su momento fueron devueltos, y que el supuesto daño a los damnificados se había reparado.
De todas formas, restan aún que se eleven a juicio otras causas en contra del grupo como presunta asociación ilícita, estafas, que posiblemente quede extinguida por el pago ya hecho; y otra más, por posible lavado de dinero, con una cuenta off shore” radicada en Panamá.