Dado el contexto socioeconómico de incertidumbre, pandemia y desencuentros, a este Gobierno no se le cae ni una idea plausible de buena administración de la “cosa pública” ante la aguda crisis que presupone y condiciona una inflación del 50,9% y una pobreza e indigencia de más del 50%. En tanto, los bajos salarios e ingresos de jubilados y empleados o pequeños trabajadores independientes continúan perdiendo poder adquisitivo en una economía a la deriva y en los umbrales del acuerdo con el FMI, la canasta básica familiar ya trepó a más de $ 80.000 para una simple familia tipo.
La implementación del programa PreViaje desdeña e ignora la pobreza, indigencia e inflación. En efecto, tal programa finalmente será soportado forzosa e indirectamente por jubilados “ordinarios”, pobres e indigentes, en un marco de inequidad, desigualdad e injusticia inflacionaria; aquellos empobrecidos que hoy con sus magros haberes, salarios o asistencia social, no alcanzan a cubrir la mitad de la canasta básica alimentaria.
En enero el ministro Matías Lammens señaló que el programa permitió mantener a los actores privados del sector a flote, cuando el riesgo de quiebras de empresas y despidos de personal era altísimo. En plena pandemia, los hoteles tomaron reservas, las aerolíneas vendieron pasajes y las agencias ofrecieron paquetes. PreViaje no solo sostuvo a miles de pymes turísticas durante la peor crisis de la historia del turismo producto de la pandemia del Covid-19; también consiguió que el sector empezara a generar empleo de manera muy veloz en todo el país para afrontar una temporada de verano que promete ser récord, dijo.
Obviamente, nadie puede estar en contra ni desconocer la tradicional gravitación positiva del sector turístico en la economía y en los recursos tributarios nacionales, provinciales y municipales en tanto y en cuanto, genuinamente, promueve actividad y trabajo formal en transportes, posadas, hosterías, hoteles, casas de comida, espectáculos, entretenimientos y servicios. También se puede admitir que no pocas familias, en parte por el PreViaje y en parte por la pandemia de coronavirus, eligieron un turismo local al internacionalmente habitual. El meollo de lo que aquí se cuestiona es el financiamiento de este programa, hablamos de un financiamiento ética, ecuánime y equitativamente inaceptable; tanto activa como pasivamente.
Oficialmente aún no sabemos cuánto costará el PreViaje ni su reconducción actual. Sí sabemos que solamente pagando el Estado la mitad de los $ 90.000 millones ya registrados (o más), el gasto público alcanzará los $ 40.000 millones.
Me pregunto entonces y en estos términos ¿por qué no mejorar la situación y el poder adquisitivo de pensionados o pobres e indigentes con esos $ 40.000 millones, antes que tal vilipendio estatal?
Cualquiera fuera el guarismo de beneficio arrojado, se corresponderá mejor con el bien común, el interés general y las prioridades de un buen vivir para aquellos que apenas si sobreviven; muchos habitando indignamente calles o refugios precarios.
Precisamente quienes también deben sostener directa o indirectamente este PreViaje son aquellos que económica y financieramente no pueden viajar, porque ni siquiera pueden acceder a la mitad de su canasta básica familiar de $ 80.000 para alcanzar, mínimamente, cubrir sus necesidades físicas básicas.
Por último, este programa es usado y abusado -según registros oficiales- por aquellos que menos lo necesitan y, por ende, inmerecidamente; tal el caso emblemático de Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central de la República Argentina durante el gobierno macrista, que públicamente admitió y denunció el ridículo y lo absurdo sobre cómo él y su familia, durante el año pasado, habrían recibido en el marco de dicho programa un crédito de $ 200.000, para concluir: “lo primero que debemos tener claro es que esos $ 200.000 alguien los va a tener que poner. No existe Papá Noel, con su ejército de duendes y elfos, que regala sin costo”.
