Junto a la asociación civil Las Omas y habitantes de los barrios Chacras de la Merced, Villa La Merced, Ciudad Mi Esperanza y Parque 9 de Julio, integrantes de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) presentaron un reclamo ante la Municipalidad de Córdoba para denunciar “los incumplimientos al plan de mitigación dispuesto” en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande y en las barriadas de la zona, por lo que le exigieron al intendente Ramón Mestre su “efectiva ejecución”. “El municipio tiene una deuda con la población de este sector de la ciudad, y por ello reclamamos por una solución definitiva a la contaminación del río Suquía y, especialmente, por la garantía de los derechos de aquellos que han sido afectados”, expresó Fundeps en un comunicado.
Fundeps alertó por la contaminación del agua, el aire y el suelo en las barriadas de la zona
Desde esa misma organización advirtieron que “las comunidades de Chacras de la Merced, Villa La Merced, Ciudad Mi Esperanza y Parque 9 de Julio viven a metros de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad, a la vera del río Suquía, y conviven desde hace años con la contaminación del agua, el aire y el suelo, producto del mal funcionamiento de de Bajo Grande”. “Derivado de esta contaminación, vecinos y vecinas deben enfrentarse cada día a una infinidad de problemas, siendo los más graves, aquellos relacionados con la salud (enfermedades dérmicas, respiratorias y gastrointestinales)”, reveló la mencionada fundación.
Al mismo tiempo, alertó que “el ambiente viciado por el olor del agua cloacal volcada en crudo, dificulta más la vida en ese lugar”. Como se recordará, desde agosto de 2014 y hasta el mismo mes de este año, la planta de Bajo Grande permanecerá en estado de emergencia ambiental, luego de las cinco prórrogas dispuestas por la Municipalidad. En principio, se espera que durante el segundo semestre de 2019, Mestre deje inaugurada la nueva planta, que duplicará en capacidad a la actual. Sobre el particular, Fundeps sostuvo que “ninguna de las medidas de mitigación es o ha sido cumplida en forma adecuada por el municipio, lo que lleva a que la emergencia sea prorrogada cada 180 días, convirtiéndose en una declaración formal sin que se logre dar a las comunidades afectadas una solución estructural y definitiva a la problemática ambiental y sanitaria que viven desde hace años”.
