El juez federal número 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, dio por concluidas las actuaciones iniciadas por el Tribunal de Conducta de la Unión Cívica Radical en contra del legislador Orlando Arduh. La noticia es un nuevo traspié del negrismo, que persistía en obtener una sanción para Arduh por impulsar, y votar, el proyecto de regulación del juego online, a pesar de la oposición del Comité Central y del Congreso Provincial de la UCR.
Bustos Fierro respondió al pedido que había elevado Arduh hace dos semanas para que el juez federal “resguarde la inmunidad legislativa” y “se declare la conclusión del sumario partidario ilegalmente perpetrado”. Todo ello, mientras la Mesa Ejecutiva del Congreso Provincial, que preside el mestrista Facundo Cortés Olmedo, resolvía por mayoría aceptar el recurso directo presentado por los negristas Julio Ochoa y Eugenio Márquez en contra de la decisión que tomara el Tribunal de Conducta a favor del presidente del bloque Juntos por el Cambio.
Para el Tribunal de Conducta, en la resolución 1/22 que Bustos Fierro ordenó dejar firme el lunes pasado, correspondía desestimar las acusaciones iniciadas de oficio “por no encontrarse la conducta atribuida encuadrada en las normas de la Carta Orgánica Partidaria, más allá del merecido reproche político”.
Cabe recordar que la promoción de la ley de juego online causó una fuga de cuatro legisladores radicales del bloque Juntos por el Cambio (dos negristas, una deloredista y un autónomo) hacia la bancada Juntos UCR, quedando Arduh en Juntos por el Cambio con el cuarteto macrista.
Luego de que el Tribunal de Conducta fallara a favor de Arduh, más allá del tirón de orejas, Ochoa y Márquez apelaron ante el Congreso Provincial, el que inicialmente iba a tratar el asunto en el plenario programado para junio. Pero Bustos Fierro le sacó el problema de encima, reveló ayer un informe del diario Alfil.
El juez señaló que “de toda la instrucción llevada adelante, surge que la cuestión a esclarecer gira en torno a saber si Márquez y Ochoa se encontraban procesalmente legitimados para apelar la Resolución 1/22 emitida por el Tribunal de Conducta de la UCR. En este sentido, el artículo 62 de la Carta Orgánica Partidaria, enumera de manera taxativa, quiénes son las personas legitimadas para apelar las decisiones del Tribunal de Conducta, esto es, el denunciante y/o denunciado”.
Y continuó: “En base a ello, corresponde dilucidar si los afiliados Márquez y Ochoa ostentan la calidad de denunciantes. En este orden de ideas, el artículo 50 expresa que al Tribunal de Conducta le corresponde instruir y juzgar de oficio o por denuncia que reciba de afiliados la inconducta e indisciplina, faltas graves en el desempeño del cargo que ocupe, violación de esta Carta Orgánica y delitos o faltas electorales”.
El juez puntualizó que “las actuaciones fueron iniciadas de oficio, y no por denuncia de algún afiliado”, y que “el artículo 62 de la Carta Orgánica Partidaria, señala que las resoluciones podrán ser apeladas por el denunciante y/o denunciado, por lo que, al no reunir la calidad de denunciantes ni Marquez ni Ochoa, los afiliados carecen de legitimidad procesal para interponer el recurso intentado, a pesar que Márquez refiere, en la interposición del recurso, que él y Ochoa ‘comparecen como afiliados agraviados’; calidad que no se corresponde al de afiliado denunciante, como exige la norma”.
“Por consiguiente –concluyó-, y compartiendo en su totalidad lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, debe quedar por concluido el sumario partidario, adquiriendo la Resolución 1/22 emitida por el Tribunal de Conducta de la UCR, firmeza, desde lo formal y desde lo material, sin posibilidad de interponer recurso alguno en contra de la misma”.
“Títeres perezosos”
Al conocerse el fallo de Bustos Fierro, Arduh realizó fuertes declaraciones: “Esto demuestra que existió una persecución política en mi contra”. “Algunos dirigentes, en consonancia con otros protagonistas de Juntos por el Cambio, quisieron hasta echarme del partido para así, pedirme la banca”, acusó.
Arduh señaló que “con la ley propuesta estoy convencido de que no cometí ninguna inconducta partidaria, pero las autoridades de mi partido, con pereza intelectual, ni siquiera la leyeron: son títeres al servicio de sus jefes”.
“Todo esto generó una caza de brujas que no tiene antecedentes en la historia del radicalismo. Afortunadamente conté con una defensa técnica excelente y con el apoyo de cientos de correligionarios y dirigentes que no comparten en absoluto el rumbo que tomó el radicalismo cordobés”, aseguró el presidente del bloque Juntos por el Cambio.
Por último, dijo que no guarda rencor, y que celebra que “la Justicia Federal electoral puso las cosas en su lugar”. “Ahora estamos analizando avanzar judicialmente contra los autoritarios que quisieron silenciarme para que nunca más vuelva a ocurrir algo tan grave”, avisó.
