El presidente de Chile, Gabriel Boric, nombró este miércoles a Nancy Yáñez y Daniela Marzi como ministras del Tribunal Constitucional, en la primera vez que un mandatario elige a dos mujeres al mismo tiempo en ese órgano estatal, que tiene como función velar por la constitucionalidad de las leyes y decretos
Yáñez y Marzi reemplazarán así a los ahora exministros del Tribunal Constitucional Iván Aróstica y María Luisa Brahm, quienes fueron designados por el expresidente Sebastián Piñera en su primera administración, y que ya completaron su periodo de 9 años el pasado 18 de marzo.
Yáñez es abogada egresada de la Universidad de Chile, máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame y doctora en Derecho de la Universidad de Chile.
“Actualmente, se desempeña como directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y es profesora asociada de la misma casa de estudios. Cuenta con una vasta trayectoria en el servicio público”, indicó el Gobierno en un comunicado.
Marzi es abogada de la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho del Trabajo en la Universidad de Bolonia y doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
“Es profesora del Programa de Doctorado de la Universidad Austral, profesora del Magíster de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Talca, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valparaíso y traductora de confianza del Consulado de Italia en Chile”, según el comunicado.
El jefe de Estado chileno agradeció a ambas la disposición de “aportar sus conocimientos, para enriquecer la discusión constitucional en el Tribunal”.
El Tribunal Constitucional se compone de 10 miembros, siendo tres designados por el presidente, tres por la Corte Suprema y cuatro por el Congreso, y actúa por requerimiento del Gobierno, la Cámara de Diputados y el Senado, o de oficio.
Durante 2022 finalizarán sus períodos el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José Romero, y el ministro Gonzalo García. Sin embargo, estos reemplazos son de designación exclusiva de la Cámara de Diputados, con aprobación del Senado.
