La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Entre Ríos y frenó un megaproyecto inmobiliario en los humedales de esa provincia. En el fallo, dado a conocer por el Centro de Información Judicial (CIJ), el máximo tribunal declaró “formalmente procedente el recurso extraordinario” presentado por Julio Jesús Majul, un vecino de la ciudad de Gualeguaychú.
El hombre había pedido que obras cesaran y que se reparasen los perjuicios ambientales producidos por la construcción del Barrio Náutico Amarras, en la ribera del río. A su reclamo luego se adhirió un grupo de vecinos.
Cabe recordar que la Justicia de Entre Ríos rechazó el amparo en 2016 al asegurar que la Municipalidad de Gualeguaychú también había realizado una denuncia similar pero en sede administrativa. De esta manera, consideró que se trataban de reclamos similares y que el conflicto debía dirimirse por esa vía.
Sin embargo, la Corte Suprema destacó que la situación excedía al reclamo municipal y que en la causa constaba que se había producido una alteración negativa del ambiente (aún antes de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental). Además, el máximo tribunal afirmó que la decisión de la Justicia entrerriana de rechazar el amparo fue arbitraria y no tomó en cuenta “el derecho a vivir en un ambiente sano”.
Por un lado, la Corte Suprema, aseguró que el tribunal entrerriano no tuvo en cuenta que la provincia tiene a su cargo la gestión y uso sustentable de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales. Además, puso en valor las implicancias ambientales que tienen los humedales para la zona. Destacó su rol en el “control de crecidas e inundaciones” y en la “protección de tormentas, recarga de acuíferos, y retención de sedimentos y agentes contaminantes”.
Finalmente, los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, ordenaron al tribunal de origen a dictar una nueva resolución.
Obligan a YPF a informar sobre el impacto ambiental de su actividad
La Justicia Federal determinó que la petrolera Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF) debe brindar información respecto de los posibles impactos ambientales de la actividad que desarrolla en Vaca Muerta (Neuquén). Así lo resolvió el juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires, al pronunciarse a en favor de un reclamo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
La jueza Cecilia De Negre dispuso en este caso la total validez, vigencia y preeminencia de la Ley Nº 25.831 de Acceso a Información Pública Ambiental. No obstante, se espera que YPF apele la sentencia. Cabe recordar que la ONG presentó dos pedidos de acceso a la información con varios puntos entre los cuales se destacan la cantidad de pozos que se explotan, las condiciones en que se realiza la actividad, el detalle de los informes de impacto ambiental presentados, la cantidad de agua que se utiliza para realizar la fractura hidráulica así como también los químicos y las compañías que lo realizan, entre otros puntos.
