Miles de personas se movilizaron ayer en todo el país en repudio al ajuste que está practicando el Gobierno en las políticas sociales para cumplir con el acuerdo con el FMI. El gobierno de Alberto Fernández puso, en efecto, en una difícil situación a los movimientos sociales, que deben elegir si cobrar el plan Potenciar Trabajo de 24.000 pesos o sólo el beneficio de 7.400 pesos que la Anses les otorga a los jóvenes más vulnerables a través de la beca Progresar destinada a financiar el estudio o la capacitación en oficios.
El recorte fue sorpresivo y castiga a los sectores más frágiles. La semana pasada, miles de jóvenes de la Unidad Piquetera acamparon ocho horas en el Obelisco para que se los reincorpore al plan Potenciar. El ministro Juan Zabaleta dispuso que quienes hagan el trámite para renunciar al beneficio de estudiantes volverán a la grilla del programa laboral. Con pesar, más de 38.000 jóvenes lo hicieron. Ayer, los piqueteros marcharon una vez más a las puertas del edificio de Desarrollo Social para exigir que se elimine la incompatibilidad.
La medida implica un ahorro de 1.300 millones de pesos mensuales para el Estado nacional y se enmarca en el recorte de partidas dictado por Sergio Massa y las auditorías a los planes sociales. “El Gobierno ajusta a los que peor la vienen pasando, parece que no tienen empatía con los más pobres. El FMI manda, y el Gobierno ejecuta su plan de equilibrio fiscal a cualquier costo”, se quejó Silvia Saravia, coordinadora territorial Barrios de PieLibres del Sur, quien enfatizó que “el castigo recae ahora en aquellos y aquellas que con mucho esfuerzo trabajan y estudian. Es un mensaje nefasto”.
En efecto, el ajuste cala en un sector de gran fragilidad social. Según demostró una investigación del Centro de Estudios de la Ciudad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, realizada con apoyo de la Unicef, la inversión pública en adolescentes y jóvenes de los sectores populares se redujo en un 20% en los últimos diez años. Se trata de una realidad nacional: las políticas de promoción de derechos para los adolescentes de los sectores populares son prácticamente inexistentes. Déficit que ahora se profundiza con este recorte.
“Concluye una enorme jornada de lucha en todo el país con movilizaciones importantes en Córdoba, Mar del Plata, Mendoza y de una punta a la otra del país hubo acciones de lucha con consignas muy fuertes sobre el ajuste que estamos sufriendo en la Argentina contra los que menos tienen”, sintetizó ayer el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. Las organizaciones que forman el Frente de Lucha Piquetero se movilizaron a Desarrollo Social en reclamo de la apertura de programas sociales, trabajo genuino y un bono de 20.000 pesos para trabajadores precarizados. Desde la cartera de Zabaleta explicaron que recibieron a los referentes de las agrupaciones, quienes “pidieron altas de planes y alimentos”, y acordaron formar una comisión técnica para estudiar las medidas a tomar la próxima semana.
Niegan ajuste
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, insistió ayer en que la reducción presupuestaria establecida por la Nación no constituye un ajuste sino un “mejor ordenamiento fiscal” de gastos que no estaba previsto ejecutar en el curso de este año, y descartó que la medida se traduzca en recortes en las áreas de salud o educación.
“Nada de lo que se tenía que llevar adelante en Salud o Educación se va a dejar de llevar adelante”, dijo Cerruti, quien explicó que “todas las computadoras del Plan Conectar Igualdad se van a comprar y distribuir” como se preveía. El 22 de agosto, Sergio Massa dispuso un “reordenamiento” de créditos presupuestarios por $210.000 millones.
Piden explicaciones
El diputado Diego Santilli (JxC) presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo que informe los motivos de las demoras registradas en el pago de las prestaciones médico asistenciales para las personas con discapacidad a través del Fondo Solidario de Redistribución.
Por los retrasos, ya hubo protestas frente a la Casa Rosada de los familiares, que aseguran que se trata de “recortes presupuestarios” dentro del plan de ajuste de Sergio Massa. Si bien desde el Gobierno lo niegan, las complicaciones siguen. Por eso, Santilli reclamó que informe “el monto total de facturas adeudadas correspondiente al primero y segundo trimestre del corriente año”.
