¿No era la misma emergencia?
El tremendo siniestro vial protagonizado por el legislador Oscar González en el Camino de la Altas Cumbres, provocando la muerte de Alejandra Bengoa y gravísimas heridas a su hija Marina, y a la amiga de ella, Alexa Miranda, desencadenó un «destape» como hacía tiempo no se veía en el noroeste provincial. De repente se multiplicaron los comentarios y versiones sobre supuestas compras de tierras y desmontes en zonas rojas, negocios con árabes, manejos de la cooperativa eléctrica de Villa Dolores, entre tantas cuestiones que lo ubican a González como un personaje central. De igual modo sus relaciones con comerciantes, empresarios, políticos y –también- funcionarios judiciales provinciales y federales.
Mientras avanza la investigación sobre el fatídico hecho, a cargo de la fiscal Analía Galaratto (se espera próximamente la pericia mecánica), los tiempos políticos de González parecieran haber ingresado a una especie de terapia intensiva. Tal es así que desde El Panal no quieren complicaciones de cara a las elecciones provinciales que se harán en abril o mayo de 2023. Consideraran que González «ya fue». Además del escándalo por los autos de alta gama que les fueron entregados por el Superior Tribunal de Justicia, se fueron conociendo otras cuestiones, como multas impagas por infracciones de tránsito -mayormente por exceso de velocidad-, o incluso por no haber concurrido a votar en dos elecciones de 2017. Ni hablar del carnet de conductor otorgado por el municipio de Las Tapias, como quien vende una golosina.
Entre tanto, en los últimos días se viralizó un audio que pertenecería al actual intendente de Mina Clavero, Claudio Manzanelli, quien le cuenta a su interlocutor que en aquella fatídica tarde del 29 de octubre él no se encontraba en su ciudad pero que le avisaron que dispusiera los preparativos en el hospital de la localidad balnearia por un tremendo accidente ocurrido; también para que eventualmente pudiera aterrizar un helicóptero, ante la necesidad de un traslado de urgencia a la ciudad de Córdoba. Ese helicóptero nunca llegó, porque el legislador no sufrió heridas de gravedad, salvado por los air bag de un auto poderoso, y “por la gracia de Dios”, según dijo su actual pareja. En cambio, las dos menores estaban muy mal, al borde de la muerte, y sin embargo fueron trasladadas en ambulancia. La pregunta es entonces: ¿por qué no usaron un helicóptero para traer más rápido a las jóvenes, como se presume sí ocurriría con González si su estado era crítico? Acaso, ¿no era la misma emergencia?
Basta de autos locos
El siniestro protagonizado por el legislador Oscar González manejando un poderoso auto del que era depositario judicial destapó una olla en la que se cocinaban entregas de vehículos secuestrados en distintas investigaciones por robos, drogas, lavado de activos y tantos delitos más, de modo sutilmente discrecional, ante el desconocimiento, incluso, de algunos integrantes del Tribunal Superior de Justicia. Lo ocurrido no es nuevo, al punto tal que allá por 2006 se les quitó a los jueces este conchabo que tenían de repartir vehículos según sus propios criterios, para pasar esta facultad a la Corte Suprema en el caso de los otorgamientos federales, y a los máximos tribunales en las provincias.
En lo que respecta a Córdoba, y más allá de los chisporroteos y malestares internos en el TSJ, ahora la decisión es avanzar en transparentar el sistema y excluir a los poderes Ejecutivo y Legislativo de las futuras entregas. Al aguardo de una ley que respalde los cambios que se vienen, los vehículos judicializados serán «tamizados» para -por ejemplo- retirar de circulación entre 60 y 100 autos con patentes mellizas, como era el caso del BMW que conducía el ex titular provisional de la Legislatura. Además, la idea anticipada por fuentes tribunalicias es darlos solamente a la Policía, al Poder Judicial y a fundaciones y organizaciones de bien público. El proyecto contaría con el visto bueno del gobernador Juan Schiaretti, quien no quiere más sorpresas negativas que puedan perjudicar al oficialismo de cara a los comicios de 2023 por su sucesión.
Queda claro que los autos deben ser entregados por falta de espacio físico para guardarlos y porque, además, el paso del tiempo los destruye. Mientras tanto, trabajadores como los de la Policía Judicial reclaman móviles más modernos y seguros para poder desarrollar sus tareas.
De cara a una sociedad hastiada por tantos privilegios, urge entonces implementar una distribución justa y útil de los vehículos judicializados. Como dijo un experimentado magistrado: «Basta de autos locos».
