Cuántas veces, al entonar nuestro Himno Nacional deseamos, como personas libres y dignas, para todo el pueblo ¡Salud! Es la patria asociada al anhelo de gozar, en ella, de uno de los bienes más preciados: la salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma, que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”. Ese noble objetivo ha sido también expresamente contemplado en la Constitución de Córdoba, la que, de manera enfática, sostiene que “la vida de su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en especial, de los poderes públicos”. (Artículo 4). Es tan importante el concepto, que la Constitución lo reitera nuevamente en el artículo 19, inciso 1. Y, entre otros aspectos agrega: “La salud es un bien natural y social”, y “el gobierno de la provincia garantiza este derecho mediante acciones y prestaciones, promoviendo la participación del individuo y de la comunidad, y asegura el acceso en todo el territorio provincial al uso adecuado, igualitario y oportuno de las tecnologías de salud y recursos terapéuticos” (artículo 59).
La protección de la salud se amplió conceptualmente en 1994, a partir de la incorporación de los pactos internacionales en la Constitución Nacionl, de cumplimiento obligatorio, (art. 75 inc. 22 y 31 de la CN). Entre los pactos cabe destacar, la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, que estableció, en el artículo 25, párrafo 1º, que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y la asistencia médica”. A su vez, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, determina, en su art. 12, que “los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” (inc. 1); y agrega en el inc. 2 que “entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho figurarán las necesarias para… d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.
Pero si todo lo antes referido es la clara voluntad de la patria, reafirmada por la CN, es inaceptable que ese derecho humano fundamental se desmerezca y se viole flagrantemente, en más de una ocasión. Y, a nivel local, al tiempo de requerir razones de dicha situación a las autoridades provinciales, éstas no dan explicaciones convincentes y reaccionan, muchas veces, en base a desplantes caprichosos. ¿Cuándo la comunidad y los interesados han podido participar en la elaboración debida de una política de salud para Córdoba, como manda la constitución? ¿Cuándo se nos ha dado una explicación acorde con la importancia de la problemática? Lo cierto es que la sociedad asiste impotente a la evidencia cotidiana de una salud pública cada vez está más precarizada e inhumana, al punto tal que, en el gobierno anterior, en 2018, se degradó el ministerio de Salud de la Nación a una simple Secretaría.
Asegurar el uso adecuado, igualitario y oportuno de las tecnologías de salud y recursos terapéuticos no se refiere sólo a la tecnología, al contrario: está en juego garantizar los recursos humanos responsables de la terapéutica adecuada, en la calidad técnica y la calidez personal necesaria. El Estado provincial aparece paralizado y sin imaginación para asumir la problemática, que la evalúa sólo como gasto a reducir y no como un fin básico a cumplir. El hacer accesibles los cuidados médicos de manera equitativa para toda la población, implica ocuparse de garantizar una retribución adecuada a quienes son centrales en brindar el recurso terapéutico; sin embargo, estos últimos estan con salarios indignos y modalidades laborales extenuantes y de reconocimientos inadecuados. Lo cual ha producido, por ejemplo, que cada vez ingresen menos médicos aspirantes a las residencias, en una merma importante en la formación de recursos humanos vitales de quienes buscan hacer una especialidad médica. Por tanto, hay un cansancio personal y moral del equipo humano de salud, atento a las condiciones laborales y al bajísimo salario que perciben. Ello se tradujo, a principio de noviembre, en la renuncia de 17 de los 30 profesionales del servicio de guardia del Hospital San Antonio de Padua, de la ciudad de Río Cuarto.
Además, se ha requerido que el gobierno reconozca al personal de guardia como «recursos críticos» y por ende, les pague como tales, entre otras peticiones básicas. Resulta de urgencia que el gobierno dé una respuesta acorde con los derechos antes menciondados y que la sociedad toda se implique en el tema, reclamando en favor de los requerimientos del equipo de salud, conforme al derecho a la participación que tiene la comunicad en dicho aspecto, como la manda la constitución provincial.
