De pronto Oscar parece haber perdido la memoria. No recuerda (o, mejor: prefiere no recordar) nada que tenga relación con el siniestro vial que protagonizó a fines de octubre, en una de esas rutas cordobesas (la E-34, conocida como Camino de las Altas Cumbres) por las que solía transitar a elevada velocidad.
Tampoco recuerda, por cierto, las nefastas consecuencias de aquel hecho, que causó la muerte de una docente de 56 años (Alejandra Bengoa) y graves lesiones a dos adolescentes, su hija Marina (de 14 años) y una amiga de ésta, Alexa Álvarez (de 15), consecuencias que bien podrían haberse evitado si se obraba con prudencia, y sobre todo, respetando las normas de tránsito.
Quizás Oscar no recuerde que el vehículo que conducía en aquella ocasión era uno de los tantos que estaban judicializados (más de 2.000 en toda la provincia), en este caso se trataba de una unidad de alta gama (un BMW X1), que a su vez tenía un “gemelo” en Buenos Aires. Debería recordarlo, pero entre tantas irregularidades, es posible que Oscar no retenga detalles. Por ello se torna necesario menconarle que, por imperio de la Ley 8.550 (del 25 de julio de 1996, durante el gobierno de Ramón B. Mestre), los automóviles secuestrados por orden judicial, pasados los 30 días sin que se logre identificar a sus dueños, son cedidos en guarda por el Tribunal Superior de Justicia para uso de determinadas instituciones y entidades públicas, como la Legislatura, y sólo deben ser utilizados para cumplir funciones públicas o prestar servicios a la Comunidad, nunca para fines partidarios o personales. Y como el fatal siniestro ocurrió durante el transcurso de un fin de semana (sábado 29 de octubre), más que difícil de recordar a Oscar le está resultando muy difícil de justificar. Tal vez por esta razón, hasta el momento, no ha ensayado ninguna explicación y sólo se limita a olvidar.
Su repentina y curiosa amnesia se extiende incluso a hechos anteriores: no tiene recuerdos sobre las innúmeras infracciones de tránsito cometidas, casi siempre por exceso de velocidad y al comando de distintos vehículos de alta gama que se encontraban a disposición de la Unicameral. Ahora se sabe, aunque durante mucho tiempo permaneció velado, que eran al menos nueve los vehículos judicializados que estaban a disposición de la Legislatura, la mayoría de ellos de alta o altísima gama, cuatro de los cuales (una camioneta Volkswagen Amarok, una Land Rover Freelander y un Audi A5, además del BMW X1) estaban exclusivamente a disposición de la Presidencia provisional de la Honorable Sala, cargo que hasta ese entonces ejercía Oscar. Y siendo que no recuerda nada de lo anterior, mal podría recordar el contenido de los bolsos que transportaba el día del siniestro. Cumpliendo la función de un eventual ayuda memoria, Miguel Ortiz Pellegrini, su veterano y experimentado abogado, se encargó de aclarar que sólo contenían “ropa” y un “obsequio” que le había dado a Oscar un amigo personal. Seguramente se trataba de ropa sucia, por eso se comprende la celeridad con la que una sobrina y un dependiente de Oscar se aprestaron a retirar los bolsos del vehículo, apenas minutos después de ocurrido el trágico accidente. No es recomendable llevar durante los viajes ropa sin lavar. Y menos trasladar obsequios que pertenecen al ámbito de la intimidad.
Siempre proclive a facilitar el incumplimiento de la ley, la Policía comprendió rápidamente la urgencia de la situación y permitió sin más que retiraran los bolsos, vulnerándose así todos los protocolos de seguridad de una escena del crimen. Como se imaginarán, hubiese sido bochornoso que la ciudadanía conociera los obsequios que recibe un legislador.
Sin dudas, debe ser difícil para alguien que manejó los hilos durante prácticamente dos décadas no poder recordar lo sucedido. Debe ser triste y lamentable no poder pedir perdón con sinceridad ni demostrar la más mínima empatía hacia los demás; se trataba de sus representadas, es decir aquellas personas a las que Oscar debía tutelar y resguardar (sin dañar), actuando como un buen representante, como un buen legislador, tercera autoridad jerárquica en el ámbito provincial.
El Cuerpo legislativo ha suspendido y apartado de sus funciones a Oscar. Y aunque hubo algunas legisladoras que propiciaron directamente su destitución o expulsión, consideramos que aquella fue una decisión atinada. No es razonable que siga ocupando una banca como legislador mientras no pueda recordar. Es imposible legislar desmemoriado.
Después de varias semanas de silencio, por fin Oscar se dignó a hablar. Lo hizo ante una emisora de Villa Dolores, su zona de origen. En sus declaraciones mediáticas (las únicas que hasta la fecha, porque ante la Fiscalía se negó a declarar), aseguró que es “injustamente incriminado” y se mostró confiado que en la Justicia se van a poder esclarecer los hechos que, sin embargo, él parece no recordar.
Por lo demás, es lógico que Oscar tenga confianza en la Justicia cordobesa. En general, ésta no juzga ni condena a aquellos que detentan el poder. Y si bien es cierto que hay jueces y fiscales que lo hacen, ésta no es más que la excepción que viene a confirmar una penosa realidad.
En Traslasierra, en estos días de tanta efervescencia mundialista, hay un pueblo que clama por Justicia. Se trata de familiares, amigos y vecinos de las víctimas -las verdaderas víctimas- de la tragedia vial de las Altas Cumbres. Sólo que la Justicia que éstos demandan poco y nada tiene que ver con aquella en la que confía ciegamente Oscar.
