La Legislatura cordobesa aprobó ayer un proyecto de ley a través del cual se creará un fondo de emergencia en materia de infraestructura para las escuelas estatales de la provincia. Según se anunció de manera oficial, dichas partidas estarán destinadas a afrontar los gastos de obras y servicios básicos necesarios para el funcionamiento de los mencionados establecimientos en el inicio del ciclo lectivo 2023.
La iniciativa –sancionada en la última sesión del presente año en la Unicameral- fue elevada por el Poder Ejecutivo para declarar la “emergencia de la infraestructura de los establecimientos educativos de gestión estatal de la provincia, hasta el 31 de diciembre de 2023”. Su finalidad es “garantizar la seguridad y el desarrollo normal de las actividades” de los establecimientos educativos en todas sus modalidades y niveles.
De esta manera, la autoridad de aplicación quedará bajo la órbita del Ministerio de Educación, que a su vez tendrá a cargo la administración del fondo. Éste, por su parte, estará conformado por aportes del Tesoro provincial, además de sumas enviadas por el Estado nacional, subsidios o créditos con asignación específica para construcción y/o reparación de establecimientos educativos, entre otros.
La legisladora del bloque oficialista de Hacemos por Córdoba, Sara García, explicó que “los objetivos centrales apuntan a la construcción, en el corto y mediano plazo, de 100 aulas, así como a la reparación de muchas escuelas a lo largo del territorio provincial, para dar respuesta en tiempos útiles a toda la comunidad educativa”.
Con relación a la intervención necesaria que constitucionalmente tiene el Tribunal de Cuentas en los actos administrativos, la parlamentaria señaló que el artículo 4 del proyecto “dispone que resulta un instrumento suficiente la remisión que haga la autoridad de aplicación del fondo al Tribunal de Cuentas del compromiso definitivo global de los créditos presupuestarios previstos para el ejercicio fiscal”.
Cabe destacar que la autoridad de aplicación podrá suscribir convenios respectivos con los municipios. “Es una manifestación más del federalismo de concertación al que tantas veces hacemos referencia en este recinto”, remarcó García.
Al cerrar su intervención, la legisladora expresó: “Es un instrumento normativo que permitirá afrontar los desafíos y cumplir con obligaciones en materia de infraestructura edilicia de la mejor manera posible, de cara al próximo ciclo lectivo”.
Echevarría advirtió por “el vaciamiento crónico de la educación”
Por su parte, la legisladora provincial Luciana Echevarría (bloque MST- FITU) se refirió al proyecto sancionado en la víspera. “Fiel a su costumbre, Hacemos por Córdoba mete un proyecto por la ventana sin ningún tipo de debate, tratando de lavarse la cara diciendo que hacen algo por la educación pública. Pero lo cierto es que este proyecto solo confirma el vaciamiento crónico de la educación”, advirtió.
Asimismo, Echevarría aclaró que “desde la izquierda acompañamos en general esta ley porque efectivamente nos dan la razón a lo que venimos denunciando hace años: acá no cayó ninguna bomba sobre las escuelas, la emergencia es la consecuencia de décadas de desidia, que la comunidad educativa padece diariamente con aulas destruidas, techos que se caen, paredes electrificadas, falta de agua y servicios básicos y una larga lista de etcéteras”.
“Nosotros hemos elaborado hace años un proyecto de emergencia edilicia escolar con presupuesto específico y una comisión de control para garantizar que lo que se vota efectivamente se haga. Desde el oficialismo nunca quisieron tratarlo, por eso a la vez que acompañamos la declaración de emergencia, rechazamos los artículos que le dan entero poder al Ejecutivo para manejar el fondo y decidir las obras, porque es imposible confiar en que los responsables de la calamitosa situación que viven las escuelas, sean hoy los que la resuelvan”, concluyó la referente de la izquierda cordobesa.
