La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Aclisa) de Córdoba presentó la primera acción judicial contra el pago del bono de hasta $ 24.000 a trabajadores del sector privado dispuesto por el gobierno nacional.
En la presentación, Aclisa alega la supuesta inconstitucionalidad del decreto y considera que el Ejecutivo nacional “carece de facultades para legislar en la materia referida”.
“Es una norma violatoria del derecho a la propiedad y además atenta contra el marco normativo que dispone que son las paritarias por rama de actividad el ámbito natural para discutir los temas salariales”, aseguró a Comercio y Justicia el titular de esa asociación, Ignacio Escuti.
La presentación estima que tampoco existe la urgencia e imprevisibilidad requerida mediante el decreto de necesidad y urgencia, además de que puede implicar “una grave lesión a los derechos y garantías constitucionales (…) sobre todo teniendo en cuenta la delicada situación que se encuentra el sector de la sanidad”.
Finalmente, el escrito solicita que, hasta tanto se resuelva la acción, se suspenda la aplicación del decreto sobre los asociados de Aclisa.
