El Gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte tendrá una dura prueba mañana, cuando miles de personas tienen previsto movilizarse en todo el país, sobre todo Lima, para exigir la renuncia de una mandataria en cuya gestión de cinco semanas hay ya medio centenar de muertos.
Policías y militares se desplegaban hoy para evitar en lo posible la llegada de manifestantes a la capital, que podría convertirse en epicentro de protestas que hasta ahora se desarrollan en el interior y, sobre todo, en el históricamente relegado sur del país.
“Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes. Y los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz y en calma. Los espero en casa de Gobierno para dialogar sobre las agendas sociales que tienen”, afirmó Boluarte, una abogada quechuahablante nacida en el sur andino, pero que ha tenido problemas de conexión con las bases.
Analistas coinciden en que la de este jueves, independientemente de sus resultados, no será una jornada definitiva contra Boluarte, pero sí podría ser el inicio de una movilización de corto o mediano plazo contra una mandataria cuya renuncia se ha convertido en clamor de buena parte del país.
“Tengo la impresión de que la lógica de movilización va a seguir. No es que vamos a estar, como temen algunos, frente a un asalto al poder, pero es evidente que va a ser un nuevo momento que se va a sentir en Lima y el interior del país y allí las distancias entre Lima y el interior del país se van a acortar”, afirmó el sociólogo Eduardo Ballón.
Se esperan masivas movilizaciones
Hasta ahora hay marcadas diferencias entre las provincias -primero las del sur y después con distinta intensidad las de centro, norte y este-, que se suman a la lucha contra Boluarte, frente a una metrópoli que permanece en su rutina habitual y parecería aceptar el plan de la mandataria, que apunta a elecciones anticipadas en abril de 2024.
Esa situación cambió ligeramente en la última semana, cuando la capital también fue escenario de dos movilizaciones masivas, protagonizadas sobre todo por estudiantes y habitantes de los conos norte y este, los más deprimidos, a lo que ahora se sumarán la llegada de personas de las provincias, que podrían ser miles.
Para el sociólogo Omar Coronel, incluso la reacción de esos sectores limeños podría resultar más determinante que la de los visitantes, con sus obstáculos para llegar a la capital. Lima ha sido determinante en luchas como la que se dio en 2000 contra el gobierno de Alberto Fujimori o en 2020 contra el fugaz mandato de cinco días de Manuel Merino.
La salida de Boluarte, a quien la gente parece responsabilizar de las 50 muertes que van hasta ahora, según la Defensoría del Pueblo -41 civiles caídos en choques con las Fuerzas Armadas, fundamentalmente a bala; un policía calcinado vivo dentro de su patrulla y ocho víctimas de los bloqueos- se ha convertido en punto central de la agenda.
Pero la mandataria de 60 años, que llegó al poder el 7 de diciembre al ser la vicepresidenta del destituido Pedro Castillo, se niega a dimitir, porque dice que continuar es su deber constitucional y que lo que hay es una ofensiva de “azuzadores extremistas que quieren caos y anarquía”.
Las exigencias incluyen el cierre del impopular Congreso, controlado por la derecha y ahora aliado del Ejecutivo, la celebración de elecciones generales este año, la convocatoria de una Asamblea que cambie la Constitución de 1993 y libertad para Castillo, en detención provisional desde que fuera destituido al intentar dar su propio golpe.
Algunas exigencias, a la luz de expertos, pueden sonar incoherentes: por ejemplo, si renuncia Boluarte y se cierra el Congreso, ¿quién hará las elecciones? ¿Acaso los cuestionados militares? Porque un retorno del expresidente destituido no tiene viabilidad. Para analistas, eso es explicable en medio de la dispersión de los líderes de las protestas.
“La característica principal de las movilizaciones es que no tienen una jerarquía organizacional”, afirmó el politólogo Fernando Tincopa, quien considera que por ello se ha pasado de principios “populistas” a un escenario de “caos social”.
Portavoces del Gobierno y de las Fuerzas Armadas se han dedicado a difundir que los líderes son miembros de las desarticuladas guerrillas, del terrorismo, de representantes de economías subterráneas como el narcotráfico o la minería ilegal o incluso agentes del expresidente boliviano Evo Morales, a quien ya se le prohibió el ingreso al país y se le pretende procesar por “traición a la patria”.
Un 83% de la población exigía elecciones generales inmediatas
Analistas independientes no descartan que entre los agitadores haya extremistas, representantes de intereses oscuros y luchadores étnicos quechuas y aimaras contra el criollismo limeño, pero ello no alcanza a explicar un malestar que tiene que ver más con la histórica exclusión social, económica, cultural y política en un país fuertemente centralizado.
Según una encuesta de esta semana del Instituto de Estudios Peruanos, Boluarte es rechazada por 71% de los ciudadanos, lo que sube a 80% en el sur y a 87% en el centro. Al Congreso lo rechaza un 88%.
Para los analistas, la gran causa del divorcio es que Boluarte, al asumir, dijo que gobernaría hasta 2026, el fin original del mandato, lo que implicaba no solo darle tres años y medio más de vigencia al repudiado Congreso, sino desatender el clamor popular que, en un 83%, exigía elecciones generales inmediatas.
La presidenta, formada ideológicamente en la izquierda, retrocedió y anunció elecciones para diciembre de 2023 -en el Congreso no quisieron antes de abril de 2024-, pero ya para entonces había varios muertos, con denuncias de excesos de fuerza en la represión y el ambiente estaba incendiado.
En departamentos como Puno, Ayacucho o Apurímac -el natal de Boluarte-, los muertos se cuentan por decenas. También los hubo en Cusco, Arequipa y La Libertad. Hay centenares de heridos y gran cantidad de detenidos, de los cuales solo a una, Rocío Leandro, se le documentó un supuesto pasado conocido en Sendero Luminoso.
Las dos marchas realizadas hasta ahora en Lima fueron totalmente pacíficas y los observadores estiman que lo mismo pasará mañana, aunque el escenario se proyecta más riesgoso.
En algunos sectores comenzó a moverse una propuesta de salida: que renuncien Boluarte y el presidente del Congreso, José Williams -que tendría que sucederla, pero también es muy resistido- y que asuma en el Parlamento una figura de consenso que como jefe de Estado interino conduzca los comicios.
Pero el Congreso piensa distinto: parlamentarios de partidos de derecha como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País piden no ceder y aumentar en cambio la fuerza de la represión, mientras que gran parte de lo que fueron las bancadas castillistas extreman posturas.
