El abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado en noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa, dijo que con la lectura del veredicto del juicio por el crimen de su nieto «se cierra un ciclo», a la vez que pidió que «el fallo sea justo por semejante aberración».
«Se cierra un ciclo y comienza una lucha. Vamos a luchar por los niños que quedan. Con ‘Lucito’ no pudimos llegar a tiempo. Queremos que el fallo sea justo por semejante aberración. Por destrozar a una familia y a un pueblo entero matando a Lucio de la forma en la que lo hicieron», dijo esta mañana Ramón Dupuy en diálogo con el canal de noticias TN en referencia al fallo del tribunal de juicio que determinará la autoría y responsabilidad penal de la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y de su pareja, Abigail Páez.
El hombre hizo referencia a la decisión de las imputadas de no estar en la condena y admitió que le hubiese gustado que estén presentes «para que sientan la sentencia en su cara».
A su vez, Ramón manifestó que Espósito y Páez pasan su estadía en la cárcel como «una luna de miel y vacaciones».
«Tienen televisión, tienen equipo de música, tienen sommier, se hacen la propia comida. Comen mejor que las otras reclusas. Están hechas unas reinas. Muchas veces se criticó que les dieron una paliza, es mentira. No las pueden tocar ahí adentro», afirmó Dupuy.
En ese sentido, el abuelo de Lucio reclamó: «Pedimos que no permanezcan juntas, pero la capacidad de la cárcel no da para que estén separadas. Tienen un pabellón para ellas solas. Yo quiero que las condenen y que las separen. Lo demás está en manos de mi abogado».
Por último, Ramón consideró que el asesinato de su nieto será un «caso bisagra» para los derechos de las infancias en Argentina.
«Va a ser un antes y un después. No puede haber muerto de la forma en la que pasó sin que cambie nada. Tenemos que mirar fijamente a la niñez», concluyó.
Cerca del veredicto
En la audiencia de cesura que comenzará a las 12 no estarán presentes las acusadas, y que los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora resolverán si ambas son «culpables» o «no culpables» del delito de «homicidio calificado y abuso sexual ultrajante».
La pena no se dará a conocer hoy mismo, sino en una audiencia posterior, aunque si el tribunal acepta los argumentos del Ministerio Público Fiscal (MPF) que pidió que se las condene por un delito que solo contempla la pena máxima del Código Penal, será irrelevante la segunda parte del juicio de cesura porque solo pueden recibir la prisión perpetua.
En caso de que el Tribunal valorara las pruebas de otra manera, tiene 15 días para dar a conocer la sentencia.
También deberá definir si aceptan la calificación de «crimen de odio» por razones de género, planteado por el abogado querellante, José Mario Aguerrido.
Fuentes judiciales informaron que, si bien en Santa Rosa es usual que los veredictos se den a conocer por escrito, en este caso se dispuso leerlo en la audiencia, a la que fueron convocadas las partes y a la que tendrá acceso la prensa.
En este marco, los familiares paternos de Lucio convocaron a una marcha en reclamo de justicia que se desarrollará en cercanías del palacio de justicia, que se encuentra totalmente vallado.
Las acusadas permanecerán alojadas en el Centro de Detención de la provincia de San Luis a la espera de la resolución del juicio.
Lucio (5) fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la vivienda de la calle Allan Kardec al 2300 de la ciudad de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella.
Su mamá, Espósito Valente, fue acusada por el equipo de fiscales integrado por Walter Martos, Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Máximo Paulucci, de los delitos de «abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía».
A Páez, en tanto, el MPF le imputa el «abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía».
La defensora oficial de Páez, Silvina Blanco Gómez, consideró por su parte que no existió un homicidio agravado sino un homicidio preterintencional, es decir que no tuvo intencionalidad, ya que la imputada -que admitió haberle pegado a Lucio- no buscó asesinarlo.
Por ese motivo, en su alegato, enumeró siete conductas que la imputada ejecutó para evitar la muerte del niño: la práctica de RCP para reanimarlo, su traslado a la posta sanitaria del barrio Atuel, la búsqueda de ayuda en la policía y haberlo llevado al hospital Evita, entre otras.
Por su parte, el defensor oficial Pablo De Biasi pidió la absolución de la madre de Lucio por ambos delitos, ya que «en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos», al descartar la coautoría del homicidio.
El médico forense que hizo la autopsia al cuerpo de Lucio contó antes del juicio que «en 27 años de profesión» y tras haber intervenido en «32 casos de niños golpeados», nunca vio algo así.
A raíz del caso de Lucio, a fines de noviembre pasado, un plenario de comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano del Senado dio dictamen favorable a un proyecto de ley que crea un Plan Federal de capacitación para el personal del Estado sobre derechos de niñas, niños y adolescentes.
Y el 26 pasado, mediante la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decretó la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias para incluir el tratamiento del proyecto, denominado «Ley Lucio».
