El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, minimizó hoy la multitudinaria protesta de ayer contra una reforma electoral aprobada por su bancada legislativa, que la oposición denuncia como una maniobra antidemocrática de cara a las presidenciales de 2024, y aseguró que los manifestantes se oponen porque «no quieren que acabe la corrupción».
«Lo que no quieren es que se acabe la corrupción, quieren seguir robando porque la mayoría de ellos son unos corruptos», dijo el mandatario de izquierda en su habitual conferencia matutina, en la que nombró a varios de los organizadores y asistentes.
AMLO, como se le conoce al mandatario por las iniciales de su nombre, añadió que «la mayoría de ellos son muy ricos y no son empresarios en el sentido estricto», sino «traficantes de influencias, políticos corruptos», dijo.
La reforma legal de López Obrador, popularizada como «Plan B» porque fue concebida tras el fracaso de una iniciativa constitucional el año pasado, recorta el presupuesto, el personal y las atribuciones del INE, lo que pone en riesgo la autonomía de las elecciones y favorece al partido en el poder, según la oposición y entes internacionales.
Pero el mandatario afirmó que a quienes lideran las manifestaciones «no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados».
Miles de personas llenaron ayer el Zócalo de Ciudad de México, la principal plaza pública del país, en rechazo a los cambios a la legislación electoral y al gobierno de López Obrador.
Pese a sus críticas, el mandatario reconoció la importancia de una fuerza opositora para la democracia mexicana.
«Tienen todo el derecho de manifestarse», sostuvo López Obrador, cuya popularidad ronda el 60% según las encuestas. Sin embargo, en tono irónico instó a sus adversarios, a quien llama «conservadores», a no dejar de «movilizarse».
La reforma aprobada el miércoles pasado reduce el personal del Instituto Nacional Electoral (INE), entidad encargada de organizar los comicios, al que el presidente sostiene que tiene un alto costo para las arcas públicas y acusa de haber tolerado fraudes en el pasado.
Según el autónomo INE, esos cambios recortan el 85% de su personal de carrera, y reducen su capacidad operativa y su estructura territorial en este país con cerca de 93 millones de electores.
A juicio de los partidos de oposición, esas modificaciones restan independencia al organismo e inclinan la balanza a favor de la izquierda con miras a las presidenciales, en las que López Obrador carece de opciones legales para buscar la reelección.
En respuesta a la protesta del domingo, el gobernante convocó a sus seguidores a movilizarse el próximo 18 de marzo con motivo del 85 aniversario de la nacionalización del petróleo en México.
