La Comisión de la Memoria, integrada por exmagistrados, funcionario y empleados del Poder Judicial de Córdoba, actualmente jubilados, emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en general donde manifestó su total rechazo a la resolución dictada por el Juez de Cóntrol y Faltas n° 10 de la ciudad de Córdoba, Juan Manuel Fernández López.
El comunicado de la Comisión de la Memoria hace especial hincapié en las expresiones descalificativas y discriminatorias que utilizó el juez provincial para referirse a la protesta social.
“La utilización de términos como “tolerancia cero”, “cortar la cabeza”, en referencia a los líderes de las organizaciones sociales, a quienes acusó de “no querer que se solucione el conflicto para mantener el negocio”, y “conformar asociaciones ilícitas”, y que debe “tomarse el toro por las astas”, como así también que “poner un pie en la calle para otra cosa que no sea cruzarla, debería considerarse un delito” no son propios de un juez de la democracia, que juró respetar y cumplir la Constitución Nacional”, afirmó la Comisión de la Memoria.
Finalmente, el comunicado recuerda que hay tres proyectos que se están tratando actualmente en la Unicameral para tratar de reglamentar las protestas sociales y manifiesta su deseo de que el proyecto que se termine aprobando esté lejos de las virulentas expresiones del Juez provincial.
Vale destacar que, el jueves pasado, distintos referentes de las organizaciones sociales, denunciaron un intento de “criminalizar” las manifestaciones con un fuerte operativo policial desplegado durante una marcha de agrupaciones piqueteras.
El operativo se concretó a los siete días de que la Policía evitara un acampe de los piqueteros, y días después de que se conociera la nueva política de “tolerancia cero” que lleva adelante la Justicia provincial. Este cambio de criterio derivó en que se registraran fuertes cuestionamientos por parte de los referentes del Polo Obrero y de Libres del Sur.
Sobre el particular, el líder nacional del PO, Eduardo Belliboni, se sumó a la marcha desde donde criticó la “criminalización de la protesta social”. “En Córdoba acompañando a los trabajadores de Atanor que denuncian 24 despidos sin causa y como un ataque anti sindical. Basta de ajuste y criminalización de la protesta social. Fuera el FMI! Por un paro nacional y un plan de lucha por un salario igual a la canasta familiar”, resumió Belliboni.
A su turno, Soledad Díaz García, también del PO, aseguró que “la intentona represiva de (el gobernador, Juan) Schiaretti no sofocará la creciente movilización popular contra el ajuste en un cuadro de crisis generalizada”.
Por su parte, Marisa Cariddi, coordinadora provincial de Libres del Sur Territorial Córdoba, calificó de “graves” las declaraciones de la jefa de Policía en las que “reconoció que las áreas de inteligencia tienen identificados a los `cabecillas´ de las organizaciones sociales, a quienes el juez de Control (número 10) Juan Manuel Fernández López pidió cercar penalmente”. “En realidad, esa inteligencia la tienen que usar para perseguir a los delincuentes y narcotraficantes que vienen haciendo estragos con la seguridad. No para perseguir a dirigentes sociales quienes son públicos, como si fuera la dictadura”, arremetió Cariddi.
