Con los jueces de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sentados en primera fila, el presidente Alberto Fernández cuestionó duramente ayer el accionar del máximo tribunal del país y los acusó de tomar “por asalto” al Consejo de la Magistratura, a la vez que defendió el proceso de juicio político que se lleva adelante en la Cámara de Diputados en su contra.
“Soy el que reclama y hace todo lo republicanamente posible desde hace años para que la Justicia argentina vuelva a abrazar al derecho y deje de servir a factores de poder persiguiendo a quienes representan el pensamiento popular”, aseveró Fernández mirando directamente a Rosatti y Rosenkrantz, quienes se mantuvieron inmutables en sus puestos durante las dos horas que duró el discurso presidencial.
Luego se refirió al fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de los impuesto coparticipables y aseguró que “mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes; la Corte Suprema aseguró con una cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la más rica del país, recursos coparticipables que no le corresponden”.
“La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades”, denunció Fernández, quien aseveró que “el accionar de los miembros de la Corte Suprema nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado (…) No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados”, en medio de un griterío de los legisladores de la oposición.
“Los que atentaron contra la Constitución son los que armaban mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros (…) Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto”, enfatizó Fernández en referencia al gobierno de Mauricio Macri, e incluso cuestionó la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad al aseverar que fue “un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”.
