El 35% de las bancas en la Legislatura unicameral de Córdoba están ocupadas por mujeres, porcentaje que está por «debajo de la ley de paridad de género» vigente desde hace más de 20 años en la provincia, indicó un estudio realizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Un equipo de especialistas del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UNC y del Conicet alcanzó esas conclusiones a partir de analizar el impacto que tuvieron en la legislatura provincial las leyes de Paridad de Género provincial N° 8.901/2020 y la nacional 27.412/2017.
El estudio, que publica el sitio web de UNCiencia, detalló que los resultados «dan cuenta de la subrepresentación de las mujeres en los espacios de poder político y de toma de decisiones» y que «duran menos tiempo en sus bancas y son minoría en lo cargos jerárquicos».
En ese contexto añadió que el efecto de igualar la participación entre mujeres y varones que buscan tales normativas «no se logra».
Si bien las leyes de paridad local «incrementaron la cantidad de mujeres en los cargos de representación de la provincia, no tuvieron los resultados esperados y no han sido suficientes para transformar la cultura de las organizaciones políticas», explicó Mila Francovich, integrante del equipo de investigación.
En ese sentido, afirmó que a más de 20 años de la vigencia de la legislación de paridad de género «Córdoba nunca alcanzó la equidad numérica».
Entre sus conclusiones, el estudio apuntó que las mujeres registran mayor alternancia en sus cargos legislativos y, por lo tanto, menor permanencia en sus bancas, y que repitieron mandatos y resultaron reelegidas en menos oportunidades.
La investigación analizó los períodos parlamentarios desde el año 2000, cuanto comenzó a regir la ley local de paridad de género, y hasta el 2022.
La legislación local establece que las listas presentadas por los partidos políticos deben estar integradas 50% por mujeres y 50% por varones, de manera alternada para titulares y suplentes.
Entre los principales obstáculos que impiden el acceso igualitario, el estudio académico mencionó que «quienes encabezan las listas (para legisladores departamentales) son generalmente varones, y al disputarse sólo una banca por cada departamento, ellos terminan siendo mayoría».
Por lo tanto «la presencia de mujeres en las elecciones departamentales desaparece, y queda supeditada a la voluntad política de los partidos», mediante maniobras y prácticas para «obstaculizar que las mujeres lleguen a los cargos de representación, especialmente cuando la banca en disputa es una sola».
El panorama es similar en otros espacios de gestión como comisiones, ministerios y secretarías. De los 17 ministerios de la provincia, sólo tres están a cargo de mujeres (carteras de la Mujer, de Promoción del Empleo y Economía Familiar, y de Coordinación).
Entre las secretarías, una sola, la Administrativa, es dirigida por una mujer, mientras que en todos los cargos de las subsecretarías -cuatro en total- están al frente de hombres, según el informe.
«Cuanto más altos son los cargos hay más varones, y a medida que nos alejamos de los roles superiores y entre los de menor rango, son más las mujeres», apuntó la investigación, que dio cuenta de una marcada segregación vertical entre las autoridades de la cámara.
Otra de las conclusiones se refirió al «carácter binario de las legislaciones que están centradas sólo en la diferenciación entre varones y mujeres», ya que «no se encontraron personas de otras identidades sexogenéricas en los cargos de toma de decisiones relevados».
