Frente a la compleja problemática derivada de la falta de acceso a la vivienda y al hábitat en la Argentina, lo que acelera el incremento de la población que tiene que alquilar inmuebles en un contexto económico por demás asfixiante, es que diversas organizaciones de la sociedad civil cordobesa, conjuntamente con integrantes de la Legislatura Unicameral, se reunieron días atrás con el objetivo de coordinar acciones y poner en marcha iniciativas para intentar dar respuestas concretas.
La intención es constituir una red a nivel provincial a los efectos de seguir aportando ideas en ese sentido. Ocurre que la realidad del sector inquilino es alarmante desde hace un largo tiempo.
Como se sabe, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló el 18 de mayo pasado, en base a información proporcionada por el Censo 2022, que el porcentaje de la ciudadanía no propietaria creció de un 21,4% en 2010 a un 34,5% el año pasado. Ante este panorama, se dio a conocer en Córdoba un documento en el que quedaron plasmadas las posturas, reflexiones y consensos alcanzados al término de un encuentro desarrollado el viernes último en la sede de la Legislatura provincial.
En la ocasión, los presentes coincidieron en que, debido al “complicado contexto económico y ante el crecimiento del parque habitacional evidenciado en la última década, se plantea que el eje del debate no se encuentra en el fomento a la producción de viviendas sino en la implementación de estrategias que favorezcan un mayor acceso” a éstas.
Asimismo, advirtieron que “el grave problema en torno al acceso se encuentra asociado a la dolarización de la vivienda y a la producción habitacional, no con fines de solucionar el déficit habitacional, sino como forma de resguardo y dolarización de capitales”. Vinculado a lo anterior, se indicó que “emerge la problemática de la vivienda ociosa como un punto fundamental a abordar”.
Buscan visibilizar la “emergencia” de quienes alquilan
Frente a ello y ante la intrínseca relación que la vivienda posee con la problemática del acceso al suelo, el escrito hizo además hincapié en que “urge promover participativamente una ley provincial de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta errores y aciertos en experiencias similares” en otras jurisdicciones.
También consideraron relevante darle visibilidad a “la situación habitacional de emergencia en la que se encuentran grandes porcentajes de los hogares populares y de clase media de la provincia, particularmente los inquilinos”. A su vez, en el mencionado documento se entendió que “es estratégico impulsar mecanismos que promuevan la cumplimentación de la ley de alquileres vigente”.
Para ello, se consensuó la creación de un registro provincial de contratos de alquiler; avanzar en una normativa que exija el pago de la comisión inmobiliaria a cargo de los propietarios; promover formas de alquiler social en desarrollos inmobiliarios privados e iniciativas públicas; elaborar propuestas que profundicen el control sobre viviendas bajo régimen de alquiler temporal; y tomar en cuenta la situación de sectores populares que se encuentran excluidos del sistema inmobiliario formal a fin de pensar estrategias adecuadas a su situación particular.
Políticas de producción de suelo urbano
Otros acuerdos alcanzados, que serán profundizados en próximas instancias ya agendadas, fueron los siguientes: incorporar la perspectiva de género y la sostenibilidad como ejes transversales a las propuestas y al espacio; promover políticas públicas específicas para brindarles apoyo a los municipios, los cuales en su mayoría no poseen capacidades y herramientas técnicas para regular políticas de acceso al suelo y a la vivienda; promover políticas públicas de producción de suelo urbano para el acceso a las viviendas, ya sea para propietarios o para inquilinos con la participación de cooperativas, sindicatos, y/o organizaciones de la sociedad civil en la construcción; incentivar la coordinación entre municipios, Provincia y Nación en la materia.
Finalmente, cabe agregar que la reunión fue organizada por los legisladores provinciales Matías Chamorro y Mariano Lorenzo, en conjunto con la asociación Inquilinos Córdoba; el Centro Experimental de la Vivienda Económica (Ceve-Conicet); la Asociación de Vivienda Económica (AVE); y la Asociación Civil Juntas por el Derecho a la Ciudad.
También participaron el equipo de Conflictos Urbanos de la Universidad Católica de Córdoba; la Red Ciudadana Nuestra Córdoba; la Asociación de Vivienda Económica; el Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat (Faud-UNC); y la Cooperativa de Trabajo y Vivienda Felipe Varela.
