El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumple su cuarto año de gobierno en El Salvador, con la llamada “guerra contra las pandillas” como buque insignia, con la meta de buscar la reelección en los comicios de 2024 para un periodo de cinco años más, esto a pesar de que viola la Constitución.
Un cambio de criterio de la Corte Suprema de Justicia dio pie a que el mandatario, que llegó al poder con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), anunciara su intención de buscar la reelección. Bukele hizo tres anuncios la noche del 1 de junio pasado ante la Asamblea Legislativa: la reorganización del mapa, que pasará de 262 municipios a 44; la reorganización legislativa (de 84 diputados a 60); y un plan de persecución de la corrupción.
Las dos primeras medidas, según anunció, tendrán repercusión en las próximas elecciones de 2024, lo que cambia por completo el mapa electoral a sólo ocho meses de las legislativas y presidenciales. Para todas ellas, el Tribunal Supremo Electoral ya debe lidiar contrarreloj con la implementación del voto en el extranjero.
En una América Latina cansada del crimen y la violencia, algunos comenzaron a ver la guerra contra las pandillas declarada por Nayib Bukele como un ejemplo a seguir de mano dura contra la delincuencia, aunque esto puede lanzar esquemas autoritarios.
La estrategia de Bukele está basada no sólo en meter a los malos a la cárcel, sino que tiene precedentes: un control del Poder Legislativo primero, un nombramiento a veces inconstitucional de jueces adeptos, el control del Judicial, y finalmente la aplicación de una ley que no se basa en el Estado de derecho. Es una estrategia de corto plazo, que tiene riesgos muy altos para el sistema, porque debilita la separación de poderes. Orienta a los países hacia un modelo crecientemente autoritario, que evade la responsabilidad de atender de forma preventiva las causas profundas de la inseguridad, que tienen que ver con la desigualdad.
No es un modelo para imitar, aunque algunos lo usan como bandera. Atacar a las pandillas en Guatemala como lo está haciendo Bukele en El Salvador únicamente resuelve el problema al final de la cadena, pero deja por fuera todas las consideraciones del lavado de activos, por ejemplo, o de la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder político, como en el caso de Honduras.
En Guatemala, el problema es mucho mayor que simplemente las pandillas en los barrios. Allí el sistema político en su conjunto está penetrado por el narcotráfico. Además, muchas de las personas que son encarceladas no necesariamente son culpables, ni van a ser reconocidas como tales, sino simplemente como víctimas residuales de un proceso donde el fin justifica cualquier medio.
Sin dudas el gobierno de Bukele es apoyado por la mayoría. El problema es si esa política es sostenible, fortalece el ejercicio democrático y permite a la gente tener una salida a sus otros desafíos, como la pobreza y la falta de educación, agua, servicios de transporte y de vinculación con el mercado mundial. Y la realidad muestra que la pobreza crece año a año en El Salvador.
En política a veces no hay nada más permanente que una solución temporal. Y da la impresión de que la forma en que se está manejando, incluso publicitariamente por parte del gobierno de El Salvador el tema de la inseguridad y las respuestas exitosas que le ha dado a corto plazo, indicarían que Bukele está lejos de querer detener esto. Le está sacando un rédito muy largo en cuanto a publicidad e imagen.
La preocupación mayor es que en la región se esté considerando sacrificar un modelo perfectible de Estado de derecho y de democracia, por una salida autocrática y al margen del fortalecimiento de las instituciones esenciales para el funcionamiento de ese sistema democrático.
La pobreza y la inequidad también golpean a la población salvadoreña. Entre los temas pendientes se encuentran la situación económica y la pobreza, dado que estos índices no tuvieron mejoras. Profundizadas durante la pandemia del Covid-19, se traducen en el incremento de la migración irregular y su criminalización por parte de los países receptores. Es especialmente grave para un país cuyo PBI se constituye, en más de un 20%, por las remesas que millones de migrantes envían a sus familias en El Salvador.
Los hogares en pobreza extrema (carencia de alimentos) aumentaron del 4,6% en 2019 al 7,8% en 2022; o sea, casi se duplicó durante el actual gobierno. La penuria creció a pesar de que la población total del país disminuyó de seis millones 704.864 personas en 2019 a seis millones 330.947 personas en 2022. La pobreza se situó en el 26,6% del total de las familias salvadoreñas en 2022, mientras que en 2021 fue de 24,6%.
La economía mantuvo su ritmo a tasas similares de otras administraciones y no cumplió las expectativas. Aún así, Bukele tiene altas probabilidades de ser reelecto.
