En medio de una profunda crisis política en Colombia, debido a las acusaciones cruzadas dentro del gabinete del presidente Gustavo Petro, el mandatario denuncia amenazas de un golpe de Estado y busca alternativas para recuperar la iniciativa política, contando con el respaldo de su base electoral.
Petro compara la situación en su país con lo ocurrido recientemente en Perú, con Pedro Castillo, afirmando que se trata de un «golpe blando»; es decir, un golpe de Estado en contra de la voluntad popular. Adicionalmente, advierte que una vez que se derroquen las reformas, el objetivo es llevarlo a él ante la Comisión de Acusaciones, para realizar exactamente lo que ocurrió en Perú: encarcelar al presidente y reemplazarlo por alguien que no haya sido elegido por el pueblo, probablemente el próximo líder del Congreso. La diferencia, según Petro, radica en el apoyo de un pueblo movilizado y un respaldo político con el cual su homólogo peruano no contaba: «Castillo estaba solo. Aquí les digo: Petro no está solo. Si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo saldrá de todos los rincones, incluso debajo de cada piedra y en cada municipio, para defender la victoria popular», aseguró el presidente colombiano.
Petro ha impulsado una serie de reformas audaces, en áreas como la salud, el sistema de pensiones y la legislación laboral. Debido a las discrepancias internas, el oficialismo ha desmantelado la coalición parlamentaria que había mantenido desde que el mandatario asumió, y ha reconfigurado el panorama legislativo.
El presidente ha instado al Congreso a comprender que estas reformas no son meros caprichos suyos, ni perjudiciales, como afirman los grandes capitales, sino que reflejan los deseos de todo el pueblo.
En la actualidad, las principales bases de apoyo del gobierno son las organizaciones sindicales, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). Estas organizaciones de los trabajadores lideraron una masiva marcha en las principales ciudades colombianas como muestra de respaldo a las propuestas del gobierno.
Además de los proyectos ya presentados, el presidente aseguró que continuará avanzando con el resto de su agenda en la segunda mitad del año. Sin embargo, esto ha generado fuertes resistencias por parte del establishment colombiano. En las últimas semanas se han presentado graves acusaciones contra el gobierno, las cuales Petro ha negado categóricamente. La revista colombiana “Semana” publicó filtraciones de Armando Benedetti, quien hasta hace una semana era embajador colombiano en Venezuela, en las que supuestamente mencionaba una financiación ilegal de la campaña de Petro por 3,5 millones de dólares, advirtiendo que si se revelaba, todos irían a prisión. El mandatario afirmó que de ninguna manera recibió dinero del narcotráfico para su campaña y que su gobierno no tolera chantajes ni amenazas provenientes del «gran capital». El escándalo de las escuchas ilegales y las acusaciones sobre la financiación de la campaña obligaron al presidente a realizar cambios en su gabinete, comenzando por el propio embajador Benedetti y la jefa de Gabinete, Sarabia.
En este contexto, a comienzos de junio, en La Habana, Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más antigua en América Latina que aún está activa, acordaron un cese al fuego de seis meses. Se espera que este sea el primer paso hacia la desmovilización definitiva del grupo insurgente. El presidente colombiano expresó su confianza en que «en mayo de 2025, la larga guerra entre el ELN y el Estado llegará a su fin». Hasta ahora, este alto el fuego es el más prolongado acordado con la guerrilla. Petro mismo fue miembro del grupo guerrillero M-19 desde 1978 hasta 1990, una organización que, a diferencia del ELN o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no era exclusivamente marxista y abogaba por una “democracia real” para Colombia.
El mandatario se muestra convencido de que su transformación del país será significativa y duradera; ha logrado unir a diversos sectores populares bajo su liderazgo, al mismo tiempo que ha demostrado una voluntad política para llevar a cabo las transformaciones, pero se enfrenta a numerosos desafíos de gran complejidad, dentro de un país donde ha existido un régimen bipartidista (en teoría) durante las últimas seis décadas, pero en la práctica no se han producido cambios significativos.
Petro ha llegado con la determinación de cambiar radicalmente la estructura económica y social de Colombia. Su mayor desafío será lograr las transformaciones culturales y políticas necesarias para alcanzar ese objetivo. Hasta ahora ha demostrado una determinación que no muchos de sus colegas poseen, lo cual es impresionante en este contexto. A medida que avanza su mandato, será interesante observar qué resultados logra en esa búsqueda.
