El otoño agotaba sus días sin mayores novedades en los fríos y últimamente desolados pasillos del Palacio de Tribunales, cuando el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados decidió, por unanimidad y luego de un procedimiento que consumió prácticamente un mes, destituir a Francisco Martín Flores, que se desempeñaba como titular del Juzgado Civil y Comercial de 1° instancia y 27° nominación de esta ciudad. Concretamente, Flores (de 37 años) fue destituido por las causales de mal desempeño y presunta comisión de una serie de delitos contra su ex esposa, víctima y denunciante, en un contexto caracterizado por violencia de género.
El Jury estuvo presidido por Julieta Rinaldi, e integrado por las legisladoras María Victoria Busso, Silvia Gabriela Paleo, Daniela Soledad Gudiño, y por el vocal del TSJ Luis Eugenio Angulo. La acusación fue impulsada por el fiscal general Juan Manuel Delgado, quien previamente había solicitado la destitución del Juez, en tanto que la defensa de Flores estuvo a cargo de José Cafferata Nores y Manuel Calderón Meynier, dos reconocidos abogados penalistas locales.
El 14 de junio se leyó la parte resolutiva, que dispuso la destitución, y dos días después se dieron a conocer los fundamentos a través de un escrito de 140 páginas, basándose la extensa argumentación en el contexto de violencia de género caracterizado por la evidente asimetría en la relación entre Flores y quien fuera su cónyuge. El Tribunal abundó en detalles acerca de la asimetría económica, así como en la situación de despojo y las humillaciones que sufrió la mujer. El Jury enhebró en sus fundamentos la historia de la pareja que integraron Flores y la mujer con la cual convivió, se casó y se divorció en un marco de fuerte disputa y violencia de género.
También destacó que, cuando el matrimonio se deterioró hasta disolverse con el juicio de divorcio, la situación de ambos se revirtió a tal punto que ella se quedó con abultadas deudas y limitados recursos para alimentar y sostener a sus hijos. Al respecto, un dato resulta más que elocuente: cuando el ahora ex juez se retiró del hogar donde convivían se llevó hasta la empleada doméstica, mientras que la mujer se quedó sola con los niños, sin ayuda y sin ingresos suficientes para hacer frente a esa nueva realidad. Asimismo, rechazó la argumentación de Flores en cuanto a que nunca había dejado de pagar la cuota alimentaria acordada entre las partes, y le respondió cada una de sus posiciones defensivas, no haciendo lugar a la suspensión de la sanción. Repárese que en este caso la fiscal de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, investigó a Flores por seis hechos, imputándolo por los delitos de lesiones graves, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal, requiriendo incluso la elevación de la causa a juicio. Luego, tanto el Juzgado de Control, como la Cámara de Acusación y el TSJ, confirmaron el pedido para que Flores sea sometido a juicio oral y público.
En definitiva, el Jurado ponderó que el ex juez había empleado violencia física contra la que fuera su cónyuge “en más de una oportunidad”, y aunque se tratara de reacciones en defensa propia, como alegó el acusado, ésta no era una conducta “aceptable ni tolerable en un Magistrado”.
Entre las curiosidades que exhibió este peculiar proceso, no puede soslayarse la existencia de las cartas que el obispo auxiliar de Córdoba, Ricardo Seirutti, había enviado unos días antes al TSJ, al fiscal y al propio Jury, pidiendo especialmente por la situación del juez Flores. Fuentes eclesiásticas nos confirmaron la indignación que provocó en las filas de la Arquidiócesis la actitud adoptada por el segundo en la escala jerárquica de la iglesia local. Por otra parte, no dejó de llamar la atención que el religioso incluyera en dichas misivas ciertos argumentos jurídicos que, por lo común, un responsable del poder espiritual no suele dominar; nadie cree, sin embargo, que los abogados defensores de Flores pudieran haber cometido semejante torpeza. Tras levantarse numerosas voces de repudio frente a aquel acto de intromisión, sumado a la repercusión pública que alcanzó el hecho, la iglesia hizo llegar un comunicado en el cual el propio Seirutti pide perdón, y manifiesta que no fue su intención interferir en la decisión del Tribunal; allí aclara que las cartas fueron redactadas y enviadas por él “con carácter personal”, motivado por su propia preocupación, a pesar de que “por costumbre y por error” utilizó “el sello de obispo auxiliar y vicario general de la Diócesis de Córdoba”. Y también afirma -por las dudas- no haber compartido sus actos ni sus intenciones con el arzobispo Ángel Rossi, ni con las demás autoridades del Arzobispado. Finalmente, Seirutti pidió disculpas públicamente a la sociedad cordobesa, a la iglesia y a la Justicia, si aquellas cartas fueron interpretadas como una “intromisión al proceso judicial”. Pues, está claro que no cabía hacer otra interpretación.
Pero volviendo una vez más a las cuestiones terrenales, a esta altura de los acontecimientos no cabe ya ninguna duda que a Flores le espera un largo y gélido invierno.
