Desde hace tiempo, y en especial en los períodos pre electorales se difunden afirmaciones tales como “la carga impositiva en Argentina es muy grande”, “existen cientos de impuestos”, “el gasto social es enorme”, o “el déficit público es excesivo”. Veamos con datos ciertos y verificables si son verdaderas y sostenibles.
Según la OCDE en su informe de 2023, la carga tributaria real sobre el PBI en Argentina figura en 3° puesto (29,1%) en América Latina, luego de Brasil (33,5) y Barbados (31,9), muy lejos de los europeos (Francia 46,7; Italia 43,4; o Alemania 42,2), por lo que Argentina está en el puesto 28 de un total de 70 países reportados.
En términos absolutos, el aporte promedio per cápita de los argentinos es el equivalente a 2.233 euros, mientras que en Alemania es de 18.276, en Francia de 17.218 y en Brasil de 1.886. O sea: Argentina está lejos de tener una gran carga impositiva, aunque en América Latina, donde los países carecen de la mayoría de los servicios sociales gratuitos o subsidiados, y la cobertura de jubilaciones y pensiones que existe en nuestro país, los impuestos son menores. Los que proponen una reducción impositiva debieran precisar cuáles de ellos serán los que reducirán.
La serie histórica muestra que en 2002, luego de una gran devaluación del peso, la presión tributaria fue del 17,8% sobre el PBI; en 2015 del 31,45%; y del 29,63% en 2022, en donde los impuestos provinciales –y municipales- representan entre el 4,8 y 5,4 del total.
De los impuestos provinciales, el 79,1% son los impuestos por bienes y servicios (Ingresos Brutos), y sólo el 19,2% es sobre las propiedades. Mientras que, en los nacionales, el 40% es sobre bienes y servicios (IVA); el 23,2% sobre ingresos, utilidades y ganancias del capital; el 21,3% sobre aportes y contribuciones a la seguridad social; el 13,1% sobre el comercio y transacciones internacionales (incluidas retenciones a la exportación); y el 2,1% sobre la propiedad. Lo que muestra una estructura regresiva del sistema impositivo, en la medida que grava más el ingreso y consumo que la riqueza.
Algunos estudios reportan, en 2023, la existencia de 167 impuestos (43 nacionales, 39 provinciales y 85 municipales), la mayoría de los cuales son tasas retributivas por servicios y contribuciones por obras. De todos modos, esto implica un mayor costo administrativo, no una mayor recaudación, que se concentra en seis impuestos nacionales y en dos provinciales y municipales, que representan el 98% de la recaudación total.
Este costo administrativo es especialmente gravoso para las micro y pequeñas empresas, que tienen una estructura administrativa débil, por lo que debieran simplificarse al menos para ellas en su rendición, pago y control, mediante acuerdos inter jurisdiccionales. Aunque sería imposible e injusto unificar las tasas por servicios prestados.
Respecto del gasto social, en él se incluyen, con algún debate, los “planes sociales” (0,6% del PBI); salarios familiares; AUH; jubilaciones, pensiones y retiros (7,6% del PBI); y el PAMI (85% autofinanciado, 62% de activos y 23% de pasivos). Mientras que los gastos tributarios del Estado –o sea aquellas exenciones a los impuestos establecidas en sus normas del impuesto como salud y educación, y los regímenes de promoción- son el 2,49% del PBI, de los cuales el 2,26% son del impuesto a las ganancias, contribuciones a la seguridad social, combustibles e impuestos internos. Por lo que, quienes sostienen que el gasto social es “excesivo”, debieran precisar cuáles reducirían, so pena de que su propuesta carezca de la transparencia necesaria.
El déficit público está constituido por el Déficit Fiscal Primario (gastos sociales, de funcionamiento e inversión pública); el Déficit Financiero (los intereses de la deuda, incluido bonistas y FMI); y el Déficit Cuasi Fiscal (los intereses que paga el BCRA por los fondos de los depositantes, que paga a los Bancos por los encajes remunerados, y los resultados de la compraventa de divisas, que aumenta con operaciones como el “dólar soja”).
El déficit Fiscal Primario es, para el presente año, del 2% del PBI; el Déficit Financiero, del 3,8% del PBI; mientras que el Déficit Cuasi Fiscal del BCRA era del 7,8% (estimado por la consultora de Miguel Kiegel, luego de lo cual aumentaron las tasas y se implementó un nuevo “dólar soja” a $ 300, por lo que seguramente aumentó aún más).
En 2019 el Déficit Primario fue del 2,2% del PBI; y el Déficit Financiero 2,5%, a lo que sobrevino las restricciones del FMI, la pandemia, la guerra y la sequía, a pesar de lo cual siguió bajando, llegando al 2%, pero aumentó mucho el Déficit Financiero (3,8%) y el Déficit Cuasi Fiscal.
Por lo que el déficit total es más consecuencia del gasto que remunera a depositantes, bancos, bonistas y el FMI, que del que remunera a funcionarios, empleados públicos y gasto social, incluidas jubilaciones y pensiones.
Así, es evidente que esas afirmaciones son falsas e insostenibles, exageradas o engañosas al confrontarlas con datos ciertos y verificables según las escalas de una plataforma de chequeo del discurso público.
