La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) criticó la propuesta de modificación al impuesto a las Ganancias que se discute en el Congreso Nacional y afirmó que la rebaja de tributos debe ser compensada con una reducción del gasto público.
Asimismo, calificó la iniciativa «de cortísimo plazo» y «contraria al ordenamiento de la economía».
«El Gobierno Nacional propone una reforma del Impuesto a las Ganancias que elimina la cuarta categoría (empleados privados y públicos, jubilados, etc.) y la reemplaza por un impuesto cedular a los «altos ingresos». Se destruye así la estructura del tributo, dejando de considerar la situación particular de cada sujeto (al no computar deducciones por hijo, cónyuge, educación, alquiler, etc.) y convierte al Impuesto a las Ganancias en un impuesto sobre los ingresos brutos», señaló la entidad en un comunicado de prensa.
Si bien la CAC recordó que «reiteradamente ha señalado la necesidad de reducir la carga tributaria que soporta el sector privado formal», advirtió que «en la coyuntura actual considera oportuno que para que una baja impositiva perdure en el largo plazo debe realizarse en el marco de un programa que asegure la estabilidad macroeconómica, y ello presupone el equilibrio fiscal y la equidad en la contribución».
La CAC entiende que la propuesta que se discute en el Congreso «cercena la capacidad contributiva como base de la tributación y la progresividad en la carga fiscal que preserve los mínimos que aseguren una adecuada calidad de vida».
«Adicionalmente, genera un tratamiento totalmente desigual entre los empleados en relación de dependencia y los autónomos, antigua falla del sistema, vulnerando el principio de capacidad contributiva e igualdad en la distribución de las cargas públicas», afirmó el comunicado.
La CAC añadió que «en paralelo, se propone una devolución del IVA contenido en las compras de productos de primera necesidad de difícil implementación y que se ha debido reemplazar por una ampliación del régimen de devolución existente con una alícuota de devolución mayor al IVA realmente contenido en las compras, y que se aplica a productos de cualquier índole, estén gravados a distintas alícuotas o incluso no gravados».
La cámara enfatizó que «todo se financia parcialmente con la ampliación del Impuesto PAÍS y finalmente con emisión monetaria, que fomenta una inflación que no tardará en neutralizar el beneficio que se procura otorgar».
«Mientras tanto sigue ausente la disminución del gasto público, requisito fundamental para estabilizar la macroeconomía de forma perdurable», recalcó.
En ese escenario, consideró que «si un futuro Gobierno intentara ordenar la economía, reducir la inflación y unificar los tipos de cambio, muy posiblemente deba derogar el Impuesto PAIS».
«La administración en cuestión se encontrará entonces privada de esos ingresos, a la par que carecerá de una parte importante de la recaudación del Impuesto a las Ganancias y tendrá una importante devolución de IVA que afrontar», agregó.
A juicio de la CAC en ese supuesto, la nueva administración deberá «comenzar su gestión aumentando impuestos o incrementando la emisión, y en tal caso impulsando la inflación (que se encuentra cada vez más cercana a convertirse en una hiperinflación), afectando, aún más, al sector más desvalido de la sociedad».
«En resumen, la modificación impositiva en discusión aparece como una medida de cortísimo plazo y contraria al necesario ordenamiento de la economía que asegure el crecimiento de la actividad, la inversión, la recuperación del salario y el empleo», concluyó.
