Así como en los pueblos chicos, en las ciudades las comunidades agrupadas en edificios o en barrios suelen convertirse en «infiernos grandes». Algunos porque son quisquillosos, otros ventajistas, otros descuidados, o por diferencias que surgen por motivos inimaginables, lo cierto es que las discordias aparecen y, a veces, no se aplacan nunca.
En tribunales, investigan una denuncia penal presentada por el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, también en representación de otros vecinos del “country” Las Delicias, por presunta administración fraudulenta en contra de quienes llevan adelante las cuentas de este afamado y pionero barrio cerrado de Córdoba, que tiene cuatrocientos propietarios. Al parecer, los denunciantes tienen firmes sospechas de la existencia de balances dibujados con cuantiosas erogaciones para sostener prácticas deportivas similares a las de un club, pero que sólo disfrutan algunos y que todos sostienen con costosos gastos comunes.
Pero además, la denuncia es por posible espionaje, ya que desde la comisión de Seguridad se haría una vigilancia estricta sobre visitas y movimientos de algunos habitantes, entre ellos importantes funcionarios judiciales que allí residen. Según la denuncia, se trataría de llamativos controles que afectarían la privacidad de estas personas.
Lo cierto es que lo que estaría ocurriendo no sería ninguna «delicia» para los afectados, y hace algunos días la jueza de control María Celeste Ferreyra dispuso el nombramiento de un coadministrador judicial para que confirme o descarte las dudas. Según los denunciantes, actualmente por cada propiedad se pagan alrededor de $ 250.000 de expensas, sumando mensualmente la millonaria cifra de más de $ 90.000.000, un dineral cuyo gasto genera muchas suspicacias. Al menos para este grupo de vecinos, y así como están hoy, los números no cierran.
