La diputada nacional riotercerense Gabriela Brouwer de Koning mantendría este martes un encuentro con el ministro Luis Petri. Fabricaciones Militares y el pago de indemnizaciones por las explosiones de 1995, en la agenda.
La incertidumbre respecto a los anuncios del nuevo gobierno nacional, y cómo se traducirían en medidas concretas, también inquieta a Río Tercero. Un punto es de especial gravitación: el futuro de la Fábrica Militar Río Tercero, una de las cinco plantas que en el país conserva la empresa estatal Fabricaciones Militares, que depende del Ministerio de Defensa.
Hasta ahora no hay mayores definiciones, salvo la inclusión muy general en el DNU (decreto de necesidad y urgencia) firmado por el presidente Javier Milei que habilitaría la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas primero, para su eventual privatización después. Fabricaciones Militares está en esa lista general.
Pero en el Ministerio de Defensa no se definieron los nombres aún para la conducción de la empresa y menos aún los jefes de cada una de las plantas, entre ellas las cordobesas de Río Tercero y Villa María.
En ese marco, se produciría este martes la primera aproximación: la diputada nacional por la UCR oriunda de Rio Tercero, Gabriela Brouwer de Koning, mantendrá en Buenos Aires una reunión con el ministro de Defensa, Luis Petri. A ese encuentro llega casi sin datos sobre lo que se presumen como primeras medidas para el sector de Fabricaciones Militares.
Brouwer de Koning anticipó en declaraciones al diario La Voz del Interior que se reunió con representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes le manifestaron su preocupación por el futuro de la empresa y de sus trabajadores (son más de 300 en Río Tercero).
La legisladora señaló que “con independencia de la figura jurídica o del proceso que se podría llevar adelante, quiero exponerle al ministro la necesidad prioritaria de mantener las fuentes laborales”.
El pago de indemnizaciones por las explosiones
Otro punto de la reunión será el reciente decreto que firmó el nuevo gobierno nacional, a pocas horas de asumir, y que generó sorpresa en Río Tercero: prevé la emisión de moneda y bonos para saldar la deuda a cerca de 10.000 vecinos de Río Tercero que adhirieron a la ley sancionada en 2015 para el pago de indemnizaciones por vía extrajudicial por daños por las explosiones de la Fábrica Militar, ocurridas en 1995.
En esa línea, la diputada radical explicó que pretende obtener más claridad sobre lo que significa ese decreto para ese proceso: “Conversar y manifestar la necesidad del cumplimiento de la Ley 27.179, que tiene por objeto el pago de las indemnizaciones pendientes por daño moral y psicológico, por el atentado del 3 de noviembre de 1995”.
La legisladora señaló que “si bien, este gobierno emitió un decreto para solicitar autorización para emitir Instrumentos de Deuda Pública para pagar varias obligaciones del Estado (indemnizaciones a damnificados por atentados a embajada de Israel y a la Amia en Buenos Aires y por los hechos de Río Tercero) hasta que no se concrete esos pagos no se dejará de reclamar a todos los organismos”.
A la vez, Mario Ponce, el abogado que representa a unos 8.000 de los vecinos y vecinas reclamantes, dijo que “toda gestión podría ser útil pero que ninguna puede ser al margen del profesional que representa a las víctimas”. Y rememoró que hay una denuncia penal contra las anteriores autoridades de Defensa, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en estado de resolver, para que se cumpla la ley”.
Ponce opinó que “todo ello es por la eterna actitud rebelde de los gobiernos que han desplegado todas las emboscadas procesales para no cumplir con la sentencia”. Y arrimó que “será la Cámara Federal o la Corte Suprema de Justicia quienes resuelvan oportunamente sobre la razón que asiste a los actores”, si e que no se resuelve por el Gobierno.
Al mismo tiempo, advirtió: “Si esta administración dispone al fin pagar, como surgiría del decreto reciente, debe cerrarse la cuestión judicial, por eso las gestiones políticas no pueden soslayar a quien es titular de la personería, ni arrogarse una representación que no tiene. Solo pueden pedir que se atienda la situación.
Tras el atentado de 1995, la ciudad recibió pagos del Estado por vía administrativa por daños materiales, de heridos y muertes, entre 1996 y 1999. Luego, vecinos disconformes con los montos o que no recibieron resarcimientos, iniciaron demandas judiciales.
De las más de 10.000, unas 8.000 pertenecen a una mega demanda por daños morales y psicológicos, patrocinada por Ponce, para la que el Congreso sancionó hace ocho años una ley que habilita el pago antes de llegar a la instancia judicial. Sobre los montos y modos no hay interpretaciones únicas.
