Bajo el título alberdiano «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», el Gobierno de La Libertad Avanza dejó caer como una bomba la Ley ómnibus en un Congreso nacional convertido en un polvorín y desafiado en su autoridad por el presidente Javier Milei, que está dispuesto a detonar todas las granadas juntas en una apuesta a todo o nada.
Desde trincheras distintas, cada bloque de diputados nacionales de la oposición se parapetó como pudo y mientras algunos se replegaron en la retaguardia antes de tomar una definición, otros se dieron una charla táctica de preparación para la resistencia.
En este último grupo se encuentra Unión por la Patria, que en un cónclave convocado de urgencia reunió a gobernadores, senadores y diputados nacionales en el Palacio Legislativo.
Axel Kicillof lideró la reunión. Junto a él estuvieron los gobernadores Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto y Gildo Insfrán, en tanto que otros mandatarios provinciales del PJ se conectaron vía zoom.
Los jefes parlamentarios José Mayans (Senado) y Germán Martínez (Diputados) escoltaron al cohorte de gobernadores, junto a Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y Cecilia Moreau, entre otros.
La postura es clara: rechazo total y absoluto al mega DNU y a la ley ómnibus con las que Milei busca «contrabandear» un desparrame de reformas de la más diversa naturaleza.
«Expresamos nuestro rechazo al mega DNU 70/2023 porque claramente avasalla atribuciones del Congreso y vulnera la división de poderes y el funcionamiento de la República. Asimismo, consideramos que la denominada ley «Ómnibus» recientemente ingresada en la Cámara de Diputados ratifica la pretensión del Presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias, que son absolutamente inconstitucionales», sostuvo Unión por la Patria en un comunicado.
El PRO, en cambio, levantó una bandera blanca de la paz y se mostró dispuesto a colaborar con el oficialismo.
«A diferencia del DNU que es algo que viene cerrado, en este caso podemos hacer mejoras, proponer cambios o modificaciones, así que en lo que creamos que sea mejor para los argentinos, lo vamos a hacer», expresó un influyente diputado del partido amarillo en un estricto off the record.
«Desde el comienzo dijimos que nuestra intención es tener un acompañamiento responsable a lo que proponga el Presidente Milei y su gobierno, para que tengan las herramientas que necesitan en esta primera etapa para poner en marcha su plan de gobierno. Con esa misma idea vamos a analizar el proyecto de ley, y actuaremos en consecuencia para sostener la gobernabilidad que necesita en el Parlamento», aseguraron.
Sus antiguos socios de la UCR tomaron otra deriva. La mayoría de sus diputados optó por el silencio mientras digieren este nuevo fogonazo al Parlamento. Pero por lo bajo filtran su malestar con la delegación de poderes al Poder Ejecutivo, y aseguran que no van a dejar pasar esa «locura». Tampoco ven con buenos ojos la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria.
Fuentes del radicalismo inidcaron que «hay mucha bronca por el destrato hacia el Congreso de parte de Milei».
Lo que no termina de dilucidarse aún es si la embestida oficialista a 200 kilómetros por hora es una estrategia para después pisar el acelerador y negociar.
Martín Tetaz fue el primer diputado radical en manifestar sus discordancias con el proyecto oficialista. «Las facultades delegadas son una mala idea, en todo momento y lugar», escribió en la red social X. También cuestionó la suba de retenciones.
El flamante bloque Hacemos Coalición Federal, que tiene 23 diputados nacionales y es una de las principales fuerzas de la oposición moderada, aún no se pronunció. Fuentes consultadas aseguran que los diputados se encuentran abocados en este momento a estudiar individualmente el proyecto de ley, para después fijar una postura común.
Como era de esperar el Frente de Izquierda-Unidad se puso en pie de guerra contra el proyecto de ley, de la misma manera que se había posicionado contra el mega DNU.
La diputada nacional y ex candidata presidencial Myriam Bregman enumeró muchos de los cambios con los que la izquierda está en profundo desacuerdo, desde el cercenamiento del derecho a la protesta y a la huelga, la eliminación de la publicidad gratuita de las campañas y su reemplazo por los aportes privados sin límites, y el fin de la paridad de género en las listas.
