A pesar del acompañamiento institucional del gobierno de Martín Llaryora a la gestión de Javier Milei, crece la tensión por los efectos de la Ley ómnibus en los sectores productivos cordobeses. El diputado schiarettista Carlos Gutiérrez denunció ayer que el poder central no respetó lo acordado respecto del capítulo sobre biocombustibles y dijo que el dictamen no refleja lo que se había firmado. El vocero presidencial, Manuel Adorni, le respondió que no llevaron adelante cambios en el texto.
“Cuando creíamos que en el capítulo biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen ya firmado”, señaló el diputado desde la red social X.
Fuentes del gobierno provincial explicaron que la Ley ómnibus elimina ocho artículos de la ley 27.640 y desregula casi en su totalidad la actividad, lo que haría peligrar a las pequeñas y medianas empresas que fabrican biodiesel y bioetanol. La semana pasada, en la Provincia se celebraba el acuerdo con la Nación, que garantizaban la participación del sector en el mercado de los combustibles y establecía los cortes para el biodiésel y el bioetanol con un horizonte de tres años.
La propuesta que se había acordado durante la negociación y que luego fue desconocida en el dictamen de mayoría, fue consensuada por las seis provincias que tienen elaboración de biocombustibles: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy. Los gobiernos provinciales presentaron una contrapropuesta frente a lo planteado por el Ejecutivo nacional, que apunta a acompañar la desregulación, equilibrando la participación en el mercado de pymes y grandes productores.
“Muy grave”
En su comunicado, Gutiérrez agregó: “Es muy grave y deja claro que al gobierno nacional lo único que le importa es la recaudación, careciendo de un plan de desarrollo productivo. Es absurdo que una ley proponga que hay que esperar tres años para que se presente otra ley. ¿Por qué, en cambio, no se plantea ahora un escenario futuro que genere confianza en las leyes, y que garantice previsibilidad, inversión y generación de empleo?”.
“Además, es una aberración –advirtió- que se haya cambiado la definición de biocombustible cuando se incorpora y se habla de reciclado de plástico. Eso no es biocombustible”.
En su conferencia de prensa diaria en Casa Rosada, Adorni aseguró que el Gobierno no llevó adelante cambios en el texto del dictamen de mayoría aprobado por el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados y afirmó que el proyecto de ley Bases “en principio” se debatirá en el recinto “la semana siguiente”. No obstante, no dio precisiones de ningún tipo respecto del capítulo sobre biocombustibles.
Hace pocos días, el gobernador Llaryora había recibido a productores de biocombustibles y representantes de las entidades que los nuclean, quienes le manifestaron la preocupación del sector por el proyecto de ley del Ejecutivo Nacional que impacta sobre esta actividad.
Los ministros los ministros de Bioagroindustria, Sergio Busso y su par de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa, coincidieron entonces en que las modificaciones que el Gobierno de Milei intenta introducir en la minámica de esta industria a través de la “ley ómnibus” son parte de “un lobby de las petroleras para matar a la industria del biocombustible”.
“Quieren cambiar las reglas de juego para el mercado de los biocombustibles y favorecer a las petroleras. Este proyecto realmente va a perjudicar absolutamente todo el proceso de transformación, tanto de bioetanol como biodiesel. Estamos en desacuerdo con este proyecto de ley, creo que hay que llegar a una idea superadora. Desde Córdoba vamos a defender todas las inversiones que se hicieron en este sector que genera muchas fuentes de empleo y es clave para el desarrollo de la provincia”, expresó Busso.
En el mismo sentido, Dellarossa transmitió la preocupación del gobierno provincial por esta iniciativa que es perjudicial para Córdoba ya que le deja al criterio del secretario de Energía la posibilidad de colocar un corte de alcoholes y naftas que no tiene que ser más allá del 12%.
“Este proyecto le pega de lleno al sector de producción de biodiesel y a la producción de alcoholes derivados del maíz. Desde Córdoba vamos a pelear para proteger nuestra industria, porque va en contra de lo que el mundo quiere”, agregó Dellarossa.
