Luego de que el Gobierno retirara el paquete fiscal de la Ley ómnibus, el oficialismo espera poder aprobar la iniciativa en una maratónica sesión que convocaría mañana mismo en la Cámara de Diputados con el apoyo de los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) y el cordobés Martín Llaryora (ver en página 5), pese a que el correlato de la marcha atrás será una profundización del ajuste de los fondos que la Nación envía a las provincias.
Sin el aumento a las retenciones ni los cambios propuestos en la movilidad jubilatoria, el Gobierno espera avanzar rápidamente con los bloques de la oposición “dialoguista”, que se preparaba para descuartizar la iniciativa en la discusión de cada artículo. Ahora, tras la marcha atrás del viernes -cuando el ministro Luis Caputo anunció el retiro del paquete fiscal (ver Caputo…)-, ya da por descontada la aprobación en general y espera una rápida ratificación en la votación en particular.
Así lo confirmaron ayer el ministro del Interior, Guillermo Francos, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich: la norma “debe ser de tratamiento rápido”, aseveró el primero, quien remarcó que “si empezamos de nuevo a tratar artículo por artículo, no se le permite al Gobierno llevar adelante la gestión”. “No hay que mirar tanto la letra chica de una ley, sino las circunstancias generales de una ley. Cuanto más se demore más posibilidades se tiene de fracasar”, exigió Bullrich, que consideró que “es fundamental darle el instrumento al Gobierno para hacer cambios estructurales: el objetivo es que la Ley tenga media sanción el martes”.
Pero lo cierto es que los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal -las fuerzas “dialoguistas”- aún esperan el dictamen de minoría que el oficialismo llevará al recinto con fuertes resquemores por el escandaloso antecedente de la semana pasada, cuando se supo que el oficialismo modificó el dictamen aprobado en comisión luego de su firma en una reunión privada con Federico Sturzenegger, quien ni siquiera integra el Gobierno. Por eso, hasta no tener el texto, no confirmarán su apoyo.
Además, todavía hay resquemores respecto de un abanico amplio de temas, como la pretensión oficial de avalar 40 privatizaciones en bloque o los recortes en los sectores de la cultura y de la ciencia, que son insignificantes en términos fiscales pero constituyen una hecatombe para miles de artistas y científicos. A ellos se suman las reformas en la ley de Bosques y de Glaciares, que reducen las áreas protegidas y desfinancian a las autoridades de aplicación, sumado a las modificaciones en la Ley de Fuego (que habilitan la venta de terrenos tras quemas intencionales), que podrían aflorar en el recinto. De hecho, las organizaciones ambientalistas le reclamaron ayer a los diputados la “eliminación del capítulo ambiental” de la norma porque “es un retroceso y un duro golpe a la legislación conseguida” y “promueve la entrega de recursos estratégicos soberanos” del país. Así las cosas, todos los escenarios siguen abiertos.
