El gobierno de Javier Milei cerró una semana agitada con una victoria parcial en Diputados gracias a la aprobación “en general” de la Ley ómnibus, que es la plataforma fundacional de su gestión. Si bien la norma obtuvo un respaldo contundente por 144 votos positivos y 109 negativos -con el respaldo mayoritario de los bloques de la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal-, mañana a las 14 comenzará una nueva batalla en la votación en particular de cada artículo de la norma, que podría sufrir cambios sensibles.
En efecto, el oficialismo todavía encara una ardua negociación con los gobernadores para garantizarse la media sanción de la iniciativa sin cambios importantes, con dos ejes centrales: la coparticipación del Impuesto País y la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que el Gobierno reintrodujo a última hora en la votación del dictamen -luego de haber accedido a eliminarlo.
La idea oficial es tocar lo menos posible la versión última de la Ley, pero la presión de los gobernadores y los bloques dialoguistas se mantiene firme por la coparticipación del Impuesto País, cuya recaudación saltó en enero un 1252% y llegó a los 469.199 millones de pesos, gracias a la devaluación y los cambios impositivos dispuestos por el DNU 70/2023 de Milei. Si bien el Gobierno amenaza con cortar todos los fondos si los votos se caen, las provincias saben perfectamente que sin su respaldo no habrá “Ley de Bases” por más que ya haya sido aprobada en general -para la media sanción, falta la aprobación de sus 363 artículos.
“No se va a coparticipar ese impuesto al margen de lo que intente alguien”, advirtieron el fin de semana los voceros de Milei, quienes indicaron que esperan que el texto “se modifique lo menos posible” en la discusión que inicia mañana. El ministro del Interior, Guillermo Francos, había advertido que “una vez aprobada la ley”, la Nación “se va a sentar con los gobernadores para analizar de qué manera recomponer los ingresos provinciales”.
Sin embargo, los mandatarios no confían en las gestiones de Francos porque buena parte de los compromisos que asumió en las negociaciones naufragaron luego cuando el ministro los transmitió a la Casa Rosada. Por eso, con el cordobés Martín Llaryora a la cabeza (ver en página 5) quieren imponer la coparticipación del tributo.
En esa disputa, pueden entrar en discusión otros puntos centrales de la norma, como la habilitación del endeudamiento, los superpoderes delegados al Ejecutivo o la cantidad de empresas del Estado susceptibles de ser privatizadas, que ya fueron reducidos en el dictamen final. “Trataremos de convencer al que no nos votó que nos vote y quién quizás este lejos de acompañarnos que nos acompañe en algunos artículos. La cuestión es seguir dialogando con los gobernadores, los diputados y los disidentes para acercarnos a la sanción”, afirmó en las últimas horas el presidente del bloque La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago.
Senado expectante
El presidente provisional del Senado y legislador de La Libertad Avanza (LLA), Bartolomé Abdala, se mostró ayer “optimista” en conseguir en la Cámara alta “la mayor cantidad de votos” para sancionar, “en lo posible” sin cambios, la ley “Bases” que impulsa el Gobierno, aunque no descartó que puedan introducirse modificaciones. “Soy optimista de que vamos a tener la mayor cantidad de votos para poder sancionar (la ley), en lo posible respetando el resultado de la Cámara de Diputados. De no ser así, volverá” a esa instancia legislativa, dijo el senador oficialista. Por otro lado, se mostró en contra de coparticipar el impuesto País, que tiene una alícuota del 30% sobre las transacciones con moneda extranjera, ya que “si lo haces coparticipable, no lo sacas más”, al tiempo que consideró que “los gobernadores son animalitos que gastan y que, cuando ven que pueden sacar algo más y llevar agua para su molino, lo van a hacer”.
Cruces con la UCR
Las intervenciones públicas del presidente Javier Milei podrían complicar la votación de la Ley ómnibus. Ocurre que, mientras los bloques “dialoguistas” le votan la norma, Milei sigue maltratándolos en las redes sociales. Este domingo, replicó una caricatura de Nik que trata como “inédito” que los diputados hayan trabajado en enero. Julio Cobos (UCR) le respondió que “el problema no es trabajar en enero, el problema es hacerlo mal producto de la improvisación y el desconocimiento. Si este es su logro en el Congreso, avísenos para no seguir buscando una propuesta a temas complejos como las privatizaciones”, advirtió. Juan Manuel López (CC) le recordó que en enero de 2023 “algunos pocos diputados” se quedaron “defendiendo la independencia del Poder Judicial cuando el kirchnerismo comenzó el Juicio a la Corte. “Usted no pasó ni a saludar”, recordó y reprochó: “Su bloque fue bastante holgazán”.
FGS en disputa
“El Poder Ejecutivo, de aprobarse como está el proyecto, tendría amplia discrecionalidad para invertir y disponer de los activos del FGS”, denunció la diputada Julia Estrada (UxP) en referencia al Fondo Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, cuya liquidación se habría reintroducido en el artículo 196 del dictamen final de la Ley ómnibus. Allí, se “elimina el marco jurídico” del fondo jubilatorio, afirmó la diputada, quien explicó que en la nueva versión de la norma “el FGS dejaría de ser un fondo de reserva y su destino quedaría en manos del Ejecutivo. Ya no habría obligación legal de conservar valor de sus recursos, de invertir según determinados parámetros y de no utilizarlo para financiar a Anses u otros organismos”. La liquidación del FGS también puede ser prenda de negociación con los gobernadores, ya que podría destinarse a asegurar los fondos para las cajas provinciales armonizadas con la Nación, como Córdoba.
