La Corte Suprema de Justicia aguarda los argumentos del Gobierno al pedido de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 para tomar una decisión, mientras mira con preocupación la falta de presupuesto que le permitiría a la Justicia nacional y federal funcionar solo hasta abril.
El amparo de la provincia de La Rioja pidiendo la «nulidad insanable» del decreto tuvo una primera novedad positiva a fines de enero, cuando el procurador Eduardo Casal sostuvo que la Corte debe intervenir en la consideración de la constitucionalidad de una de las primeras medidas del Gobierno de Javier Milei.
«A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte», sostuvo el procurador Casal en el dictamen no vinculante.
Reanudada la actividad judicial luego de la feria de enero, la Corte notificó a la Procuración del Tesoro sobre la «acción declarativa de certeza» que presentó el gobernador riojano, Ricardo Quintela, con el patrocinio del exministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, y el constitucionalista, Raúl Ferreyra.
La Procuración del Tesoro tiene hasta mayo para ofrecer sus argumentos, un plazo más que razonable para que el Congreso acuerde una salida política al conflicto por el DNU, como pretendió la Corte desde que recibió en diciembre el pedido de amparo y dijo que lo trataría luego de la feria.
El máximo tribunal está convocado también a fallar sobre la medida cautelar que suspendió los efectos del capítulo laboral del DNU, puesto que ese expediente ya atravesó todas las instancias previas y la vía hacia la Corte quedó habilitada.
Entre los constitucionalistas hay una mayoría significativa que considera que el DNU es inconstitucional y que representa poco menos que una reforma constitucional encubierta.
Esta discusión sobre la legitimidad del DNU podría incorporarse al expediente si la Corte, dentro de sus funciones, decide convocar a las partes a una audiencia pública en la que se presenten los argumentos a favor y en contra, incluso con la eventual participación de «amicus curiae» (amigos del tribunal) que expongan.
Hasta hoy no está prevista ninguna audiencia, según confirmaron fuentes del tribunal, que tampoco descartaron que se convoque si se logra consenso entre los cuatro ministros.
Ferreyra se esperanzó en que «la competencia originaria (que interviene en los conflictos entre Nación y Provincias) es el ámbito más amplio que hay para tratar la juridicidad y la inconstitucionalidad de cualquier norma».
Ese horizonte de alto impacto para el máximo tribunal se complejiza con la escasez de recursos que intenta administrar y que lo llevó esta semana a prorrogar el presupuesto 2023 para el 2024, sin contemplar la inflación.
«Con ese presupuesto llegamos con recursos hasta abril», confirmó una fuente del Consejo de la Magistratura, el órgano que administra los fondos del Poder Judicial.
En el Consejo responsabilizan en parte por la falta de comunicación entre ambos poderes a la ausencia del representante del Ejecutivo que todavía no fue designado.
Todo indica que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, todavía no lograron un acuerdo sobre quién desempeñará este rol clave en la comunicación y gestión interpoderes.
Desde hace años, la situación presupuestaria del Poder Judicial es más que endeble por las asignaciones fuera de monto y tiempo que envía el Ejecutivo, destinadas en un 90 por ciento al pago de salarios.
