Se estima que unos 15.000 millones de pesos es la deuda que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a través del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), mantiene con las obras sociales sindicales. Por esta situación, los principales gremios ya presionan al gobierno de Alberto Fernández –a través de la cartera sanitaria- para cobrar parte de ese dinero, imprescindible para el normal funcionamiento del sistema de salud a cargo del sindicalismo.
El sistema está desfinanciado, advierten los dirigentes gremiales, y sobrevive a cuesta de patear hacia adelante” el pago a los proveedores y con fuertes aportes desde la recaudación sindical. El origen de la abultada deuda son los reintegros por tratamientos de alta complejidad, cuyas prestaciones ya fueron pagadas por las obras sociales, aunque éstas no recibieron la devolución del dinero que proviene del FSR, que se nutre de los aportes de trabajadores y de contribuciones patronales y que es administrado por la SSS.
Farmacéuticos y prestadores del programa Incluir Salud también plantean dilación en los pagos.
Por esta situación, el ministro de Salud, Ginés González García, recibió el pedido formal de Armando Cavalieri, el titular del sindicato de los empleados de comercio, que tienen en Osecac a la obra social sindical con mayor cantidad de afiliados. En este caso, el reclamo es por 3.500 millones de pesos en concepto de prestaciones ya realizadas, adeudados desde el año 2017. Esa inmovilización de recursos hacia las obras sociales sindicales se repite en otros gremios como la Uocra, Utedyc, gastronómicos y bancarios, entre otros.
Un reclamo similar mantiene las farmacéuticas de todo el país, que el viernes pasado advirtieron a las autoridades nacionales que podrían dejar de atender a los jubilados afiliados al Programa de Atención Médica Integral (Pami), si el organismo que dirige actualmente Luana Volnovich no les paga una deuda millonaria que mantiene desde hace meses con estos comercios. La decisión fue tomada por la Asociación de Propietarios de Farmacias Argentinas (Asofar), que nuclea a los dueños de unos 2.000 establecimientos y representa al 30% del total de la venta de medicamentos en el área metropolitana de Buenos Aires. Los representantes del sector reclaman una deuda que se viene arrastrando desde septiembre del año pasado y alcanza los 19.000 millones de pesos.
También se supo durante el fin de semana que las deudas en el sector sanitario alcanzan a la Agencia Nacional de Discapacidad, que pone en jaque la prestación básica de tratamientos de salud en cuadros graves, y amenazan paralizar la atención de pacientes incorporados en el programa Incluir Salud, que garantiza el acceso a prestaciones de los sectores vulnerables que requieren asistencia médica. En este caso se estima que el retraso alcanza los 9.000 millones de pesos y comprende liquidaciones impagas desde junio de 2019 hasta el fin del mandato de la gestión macrista.
