El Gobierno nacional comunicó la constitución de una Junta Operativa conformada por el gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación y la Municipalidad de Rosario, en medio de la ola de violencia narco que azota a la ciudad portuaria.
Según especifica el texto oficial, fue a pedido del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro.
Entre las medidas que desarrollará se destacan la triplicación de acciones operativa de las fuerzas de seguridad en el territorio; acciones focalizadas en zonas vinculadas a las investigaciones en curso; operativos de saturación.
Además de la conformación de un equipo especial de investigaciones con miembros de distintas unidades de fiscalía; incremento del personal policial cubriendo horas de servicio extraordinario y un refuerzo de las fuerzas federales y participación de las Fuerzas Armadas en el apoyo logístico.
Como también la ampliación de las recompensas para quienes aporten al esclarecimiento de los hechos y la intensificación de los controles de vehículos y personas.
En las últimas horas, un playero fue asesinado de tres balazos por sicarios que entraron a la oficina de la estación de servicio en suelo rosarino.
El Gobierno de Santa Fe calificó de «terroristas» a los «ideólogos y ejecutores» de este asesinato.
«En estas horas, lo primero es acompañar en el dolor a familiares y seres queridos de las víctimas de estos atentados que venimos atravesando en la ciudad de Rosario», inicia en texto.
Y agrega: «Los ideólogos y ejecutores de estos hechos, que no dudamos en calificar como terroristas, pretenden recuperar los privilegios que tenían las organizaciones criminales dentro de las cárceles».
«Quieren recuperar el delivery, tener celulares, visitas íntimas ilimitadas, y sobre todo organizar y cometer delitos desde la cárcel», continúa el comunicado que hizo circular la administración del gobernador Maximiliano Pullaro.
Para el Ejecutivo santafesino, los narcos no «actúan contra un Gobierno», sino que «están en contra todos los rosarinos y los santafesinos» que quieren «la aplicación de la ley para impedirles que sigan cometiendo delitos tras las rejas».
Este hecho se suma a los homicidios de dos taxistas y de un colectivero, en crímenes vinculados al narcotráfico.
La Justicia investiga los casos y entiende que los crímenes no tienen a las víctimas como personas vinculadas al crimen organizado, sino que fueron asesinadas en forma casual con el fin de dar un mensaje mafioso a Pullaro.
