La promesa del presidente Javier Milei de avanzar con 70.000 despidos en todas las áreas del Estado – que luego sus funcionarios corrigieron en unos 15.000- se comenzó a concretar el fin de semana largo de Semana Santa, donde miles de trabajadores de todo el país comenzaron a recibir los telegramas que les informaban el cese de sus funciones en las más diversas áreas del sector público.
El monitoreo de despidos que realiza la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó ayer que contabiliza más de 11.000 despidos en toda la Administración Pública, por lo que el sindicato se prepara para realizar hoy una demostración de fuerza que puede llevar la tensión a un nuevo nivel: ingresos masivos y simultáneos en todos los organismos y ministerios públicos.
Otras fuentes, como el diario El País de España, contabilizó más de 24.000 despidos en la administración pública. “Cuando asumió como presidente de Argentina, en diciembre, el Estado tenía contratadas a 341.477 personas. Dos meses después, el Gobierno ya había eliminado 9.000 puestos de trabajo y esta semana ordenó 15.000 despidos más. Se avecinan nuevos ceses de personal a mitad de año, pero no se sabe cuántos ni quiénes serán. En ese clima de incertidumbre están unos 50.000 trabajadores: son los que no tienen una plaza fija, sino contratos temporales”, aseveró la corresponsalía porteña del diario ibérico.
“El Presidente ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular. Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”, agregó ayer Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, quien advirtió: “No vaya a ser cosa que el Presidente y sus funcionarios terminen presos antes de lo que cualquiera pudiera imaginar”.
Según su razonamiento, “vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces provoca a su vez la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad”.
“Despedir tantos trabajadores a tal punto que hasta delegaciones enteras tienen que cerrar, como ocurrió con Anses, restringe de manera grave el derecho a la seguridad social, y lo mismo empieza a ocurrir con otros servicios esenciales que el Estado está obligado a brindar: educación, salud, seguridad alimentaria y hasta la posibilidad de prevenir catástrofes, cuestión ahora afectada porque el recorte alcanzó hasta el Servicio Meteorológico Nacional”, agregó el referente estatal.
Advertencia presidencial por la protesta
El presidente Javier Milei salió a advertir al gremio de ATE que el Gobierno responderá el ingreso “masivo” planeado para hoy a los ministerios públicos en protesta por los despidos registrados en el Estado.
“Si hacen eso, cometerán un delito que seguramente el Presidente no va a dejar pasar, como hicieron todos desde 1983”, expresó el abogado Alejandro Fargosi en la red social X, un posteo donde Milei respondió “correcto”, sin dar más información.
Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que “los trabajadores con nuestros ingresos masivos y simultáneos estaremos ejerciendo nuestros derechos de huelga (…): si hay violencia y represión, la única responsable será la Casa Rosada”.
La Iglesia pidió “solidaridad”
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, pidió el último sábado evitar la “indiferencia” frente la ola de despidos producto de la crisis económica y el ajuste que está llevando a cabo el Gobierno nacional.
En este sentido, la iglesia llamó a la “solidaridad” ante las personas que se quedan sin trabajo, en su tradicional mensaje de Pascua. “Cuánta falta nos hace (la solidaridad) en este tiempo de emergencia, en este tiempo de crisis, en donde cuesta tanto la vida de cada día”, manifestó Ojea.
Además, el máximo referente de la CEA hizo un llamado a que “no nos gane la globalización de la indiferencia”, frente los despidos y las personas que se quedan sin trabajo.
