El Gobierno de Córdoba aplicará desde mayo una sobretasa del 30% sobre los adicionales contratados a la Policía de la Provincia, decisión que despertó las críticas de la oposición.
El 21 de diciembre del año pasado, la Legislatura de Córdoba sancionó la Ley 10.954 que creó un nuevo sistema de Seguridad Pública y Ciudadana estableciendo la siguiente modificación: «Por los servicios adicionales de vigilancia y seguridad que preste la Policía de la Provincia de Córdoba, los requirentes deberán abonar, además de la tasa fijada en la presente Ley y su reglamentación, una tasa de hasta el treinta por ciento (30%) de la misma, destinada a solventar los gastos administrativos de logística y operacionales que demande la prestación de este tipo de servicios, como aquellos otros que establezca el Ministerio de Seguridad o la autoridad
que lo sustituva en sus competencias. Los montos percibidos por este concepto ingresarán a una cuenta especial en el Banco de la Provincia de Córdoba S.A., diferenciada de la establecida por la Ley N° 7386, cuya administración estará a cargo de la citada cartera ministerial.»
Encuentro Vecinal Córdoba presentó un proyecto de ley para derogar este artículo de la nueva Ley de Seguridad, y en ese marco, el legislador opositor, Rodrigo Agrelo, denunció un «impuestazo a la inseguridad» a través de las redes sociales.
«Impuestazo a la inseguridad: cobrarán a partir del 1 de mayo una 30% más sobre los adicionales contratados a la policía de Córdoba. Por Resolución Nro. 14 del Ministerio de Seguridad se dispuso esta sobretasa», escribió en la publicación de X.
El hilo continuó con una denuncia hacia Llaryora, asegurando que el ex gobernador Juan Schiaretti «le dejó a Martín Llaryora US$1.267 millones en el Banco de Córdoba de libre disponibilidad», y agregó: «Si es así, ¿por qué no los usa en vez de seguir creando impuestos?».
En otra publicación, el legislador expresó: «No se salva nadie. Solo El Estado Provincial. Los municipios que contratan adicionales de policía deberán pagar también en 30% más ( ¿lo trasladarán a los contribuyentes?)».
El proyecto de ley de Encuentro Vecinal calificó como «abusivo, oportunista y confiscatorio» gravar un servicio que en la actual coyuntura «resulta esencial para la vida de muchos cordobeses y para cuyo sostenimiento ya se abona una tasa, sin perjuicio de los restantes tributos que van a cuentas generales de la Provincia».
